El expresidente Iván Duque ha manifestado su preocupación a través de la red social X respecto a la reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de acelerar el debate de los proyectos vinculados a la implementación del acuerdo con las FARC. En su publicación, Duque insta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante lo que considera podría ser una estrategia del actual gobierno para impulsar su agenda legislativa de manera expedita.
Según el análisis presentado por el exmandatario, existen tres puntos críticos que merecen atención. En primer lugar, Duque sugiere que las denominadas "reformas del cambio" podrían ser presentadas como mecanismos estrechamente relacionados con el proceso de paz con las FARC, argumentando que forman parte integral de la implementación del acuerdo. En segundo término, advierte sobre la posibilidad de que, ante el avance del periodo gubernamental, se intente justificar la aplicación de un procedimiento 'fast track' para la aprobación de dichas reformas. Finalmente, Duque señala que este mecanismo acelerado podría ser utilizado para reducir los tiempos normales del trámite legislativo, permitiendo así al gobierno imponer su agenda con mayor facilidad.
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No obstante, el expresidente resalta un obstáculo legal para la implementación de esta estrategia. Hace referencia a una decisión de la Corte Constitucional emitida en 2017, la cual dejó sin efecto el mecanismo de debate express conocido como 'fast track'. Esta resolución judicial se originó a partir de una demanda interpuesta por el propio Iván Duque en agosto de 2017, cuando ejercía como senador del partido Centro Democrático. La controversia en aquel momento giraba en torno al uso de este mecanismo en el Congreso por parte del entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con el objetivo de acelerar las propuestas legislativas del gobierno de Juan Manuel Santos.
La polémica actual evoca el debate que se suscitó durante el gobierno de Santos, cuando se implementó el 'fast track' como herramienta para agilizar la aprobación de leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. En aquella ocasión, el mecanismo fue objeto de críticas por parte de sectores de la oposición, quienes argumentaban que limitaba el debate democrático y otorgaba poderes excesivos al ejecutivo en materia legislativa.