Un grupo de exministros de defensa, altos mandos militares y de policía, junto con el exconsejero presidencial para la seguridad nacional y el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, hicieron público un comunicado en el que niegan las acusaciones sobre la compra del software de espionaje Pegasus durante el gobierno de Iván Duque. En su declaración, los firmantes sostienen que “Duque dio directrices claras y explícitas a todos los funcionarios para que actuaran en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley”.
Los exfuncionarios aseguraron que “todo el aparato de seguridad del Estado fue utilizado exclusivamente para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional” durante el mandato de Duque. En este sentido, enfatizaron que no se ordenó la adquisición del software Pegasus, que, según el actual presidente Gustavo Petro, habría sido comprado durante el estallido social de 2021.
El comunicado también señala que no existen registros de la compra del software y que no hay información disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) ni en los informes de gastos reservados. Este punto es clave en la defensa presentada por los exfuncionarios ante las acusaciones recibidas.
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Entre los firmantes del comunicado se encuentran destacados exministros como Guillermo Botero y Diego Molano, así como generales de la cúpula militar como Luis Fernando Navarro y Eduardo Enrique Zapateiro. También firmaron el documento el exconsejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín Cotrino, y el exdirector de la DNI, almirante (r) Rodolfo Amaya.
El comunicado finaliza subrayando que “siempre actuamos bajo la instrucción de apego riguroso a la legalidad en la protección de la seguridad del país”. Además, se destaca que se mantuvieron relaciones con otros Estados siguiendo los principios históricos de cooperación internacional para enfrentar el crimen transnacional.
Las declaraciones de los exfuncionarios llegan en un momento en que el gobierno actual busca esclarecer los hechos relacionados con el uso de tecnología de espionaje en el país, en un contexto de creciente debate sobre la privacidad y la seguridad.