Miércoles, 27 de noviembre de 2024 Suscríbase
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Carlos Carrillo

“Es una burla al país. Los 292 millones se los gastaban en parranda”: Carlos Carrillo a Sneyder Pinilla por caso UNGRD

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), ha rechazado la propuesta de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Desastres, de devolver 292 millones de pesos, calificándola como insuficiente en el contexto del escándalo de corrupción que afecta a la entidad.

Foto: UNGRD

Carlos Carrillo, al frente de la UNGRD, ha expresado su desacuerdo con la oferta de Sneyder Pinilla de devolver 292 millones de pesos como parte de su petición de perdón al país. El director considera esta propuesta como "una burla para los colombianos", señalando que la cantidad ofrecida no representa una reparación adecuada para los afectados por el escándalo de corrupción en la entidad.

En sus declaraciones, Carrillo comparó la suma ofrecida con los gastos que, según él, realizaban los implicados ya que "292 millones de pesos, eso se lo gastaban en una parranda". El director insistió en que la verdadera reparación requiere la devolución completa de los fondos malversados, enfatizando que las víctimas reales son los damnificados del país.

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Carrillo también hizo referencia al proceso legal en curso, expresando su confianza en las investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Manifestó su expectativa de que todos los cómplices de Pinilla, incluyendo figuras políticas, enfrenten consecuencias legales: "Espero que todos los cómplices del señor Sneyder Pinilla, que son políticos y que son muchos, terminen en la cárcel".

La postura del director de la UNGRD fue contundente respecto a las consecuencias que deben enfrentar los involucrados en el escándalo. "Todos los implicados en este acto de corrupción deben terminar, sin excepción, en la cárcel. No habrá tolerancia para quienes han traicionado la confianza del pueblo y han malversado los fondos destinados a la gestión de riesgos y desastres", afirmó Carrillo, subrayando la gravedad de los actos cometidos contra los recursos públicos.