El Comando Central del ELN ha puesto en duda la continuidad de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, cuestionando la seriedad y el compromiso del ejecutivo con los acuerdos alcanzados. En un extenso comunicado, la guerrilla repasa la historia reciente del proceso, que se remonta a 2012 durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Según el ELN, el proceso ha enfrentado obstáculos desde entonces, incluyendo intentos de imposiciones al final del segundo mandato de Santos y el desconocimiento de lo acordado durante el gobierno de Iván Duque, lo que resultó en una pérdida de más de cuatro años.
Con la llegada del actual gobierno, el ELN afirma que se realizaron ajustes conjuntos a los acuerdos previos, buscando una solución política al conflicto más allá de la mera pacificación de la guerrilla. Este nuevo enfoque, denominado "paz con transformaciones", ha sido objeto de discusión en las rondas de conversaciones desde octubre de 2022 hasta mayo de 2024. Sin embargo, el grupo armado señala que este modelo ha enfrentado una fuerte oposición desde la firma del Acuerdo de México en marzo de 2023, alcanzando su punto crítico en mayo pasado cuando, según el comunicado, una parte de la delegación del Gobierno se negó a firmar el Acuerdo 28, argumentando desacuerdo con la convocatoria a la sociedad para debatir y proponer cambios en diversos ámbitos.
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El ELN acusa al Gobierno de violar los principios de Buena Fe y Pacta sunt servanda (los acuerdos deben cumplirse) al autorizar supuestas acciones de inteligencia militar en Nariño, que según ellos buscan promover la desmovilización en contra del Acuerdo de México. Además, denuncian que las Fuerzas Militares han realizado numerosos actos de guerra que amenazan el proceso de paz, incluyendo ataques contra unidades del ELN y violaciones al cese bilateral acordado. El grupo guerrillero también menciona que el Gobierno no ha cumplido con el acuerdo de excluir al ELN de la denominación de grupo armado organizado (GAO), a pesar de que esto podría hacerse efectivo mediante una Resolución Presidencial.
Por su parte, el ELN afirma haber cumplido con el cese pactado de no realizar operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas estatales. Incluso mencionan haber realizado un cese temporal unilateral de retenciones con propósito económico, aunque indican que esta iniciativa se vio frustrada por el "estado de congelamiento" en que entró la Mesa de diálogos de paz debido a los incumplimientos gubernamentales. Ante esta situación, el Comando Central del ELN plantea interrogantes sobre la garantía de seriedad que merece un Gobierno que no cumple lo acordado y cuestiona el sentido de firmar nuevos acuerdos si los anteriores no se respetan. Concluyen afirmando que "La paz no puede ser propiedad de gobiernos que no cumplen, es un derecho de toda la sociedad".