“No hay duda de que el equilibrio de poderes es el soporte del ordenamiento democrático. Y los sistemas de pesos y contrapesos están establecidos para que el ejercicio de los gobernantes no vaya más allá de los límites que le están establecidos”.
POR: Pedro Medellín
Director Revista Alternativa
Para un gobernante que apenas ha sido electo, no hay tentación más grande y peligrosa que la de creer que desde ya tiene el poder de ordenar libertades o capturas. Más cuando la orden se imparte ante el pueblo, y produce un estallido de regocijo en él. Como si se tratara de una acción que busca corregir la actuación irregular de una autoridad judicial o un organismo de control, el electo quiere mostrar la autoridad institucional para impartir las órdenes que acaben con la injusticia. Si hay algo más atractivo que el poder de los jueces, es el poder de someter sus dictados a la orden suprema del gobernante.
El mecanismo funciona de manera muy sencilla: ante la contundencia discursiva de la orden, luego del júbilo que produce ver al nuevo gobernante tomar en sus propias manos las decisiones que buscan proteger a los gobernados, los ciudadanos reaccionan impugnando el papel de todos aquellos que no sean el gobernante. Pueden incluso llegar a erigir a los jueces que ordenaron las capturas, en enemigos de la sociedad. Es el escenario en el que los discursos anti-establecimiento se apropian del escenario favoreciendo todo tipo de quiebras políticas e institucionales. A la crisis de la representación viene a sumarse una crisis de representatividad, que impide valorar la importancia de los jueces en el equilibrio democrático. Es el momento en que la tentación autoritaria lleva a aplaudir a cualquiera que se le ocurra proponer su revocatoria. Y en ese momento, son muy pocas las cosas que quedan por hacer para reparar el daño.
“Yo le pido al señor fiscal general, que libere a los jóvenes detenidos” … “y pido a la procuradora que restituya en sus cargos a los alcaldes que ha sacado”, dijo seguro y en tono emocionado, el electo como presidente de los colombianos. En el primer caso, al parecer, desconocía que quienes habían emitido la orden de captura habían sido los jueces (que son quienes tienen la competencia) y que previamente estaba soportada en una investigación y que la solicitud había sido avalada por un juez de control de garantías. Por eso la captura era procedente y de ninguna manera le correspondía al fiscal ordenar la liberación de los capturados. Y, por supuesto, era a quien menos tenía que pedir la liberación. En el segundo caso, el presidente electo conocía de sobra las implicaciones y alcances que tiene la decisión de la procuradora para actuar en prevención de una afectación al interés público que pueda producir un servidor público que tenga intereses políticos en una coyuntura electoral.
Lo grave de la “orden presidencial”, es que siembra todo tipo de dudas en las actuaciones judiciales y del organismo de control. Bien porque quienes escuchan pueden creer que la decisión era irregular por no cumplir con las exigencias que impone la ley o bien porque interpretan que las autoridades actuaron con criterio político para producir semejante decisión judicial.
No hay duda de que el equilibrio de poderes es el soporte del ordenamiento democrático. Y los sistemas de pesos y contrapesos están establecidos para que el ejercicio de los gobernantes no vaya más allá de los límites que le están establecidos. Su poder como primer mandatario, incluso como jefe de Estado en un régimen presidencialista como el colombiano está limitado y sometido por el poder de los jueces. Y bajo ninguna condición o en ningún caso, ni siquiera en condiciones de excepcionalidad constitucional, al gobernante le está permitido asumir funciones o competencias que corresponden única y exclusivamente a los jueces.
El electo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, debe tener muy presentes los límites de su acción institucional. El respeto a la independencia de poderes es vital para mantener el carácter democrático de su gobierno y la legitimidad de su poder. Petro no puede perder de vista que los Estados y los regímenes políticos soportan los malos gobiernos, e incluso los legislativos corruptos o sometidos. Pero lo que ningún Estado ni ningún régimen político pueden resistir, es la quiebra de la justicia. Esa que nace de la tentación autoritaria de creer que ser electo como jefe de Estado implica impartir órdenes a los jueces. Ese límite no se puede pasar.