Por: James Nuñez
Investigador social
La escalada de conflictos a nivel mundial ha ido en aumento, desde la invasión de Rusia a Ucrania hasta la reciente confrontación entre Israel y Hamás, así como las tensiones entre Irán y Pakistán, además de las crisis en Yemen y el encendido fuego en el continente africano. Aunque pueda parecer que estos eventos están lejos de nuestro entorno y no tienen impacto directo en nuestras vidas, la realidad es que Colombia no está inmune a esta tendencia global.
En el inicio del año 2024, Colombia se encuentra enfrentando un panorama preocupante. La seguridad en el país ha experimentado un retroceso evidente, marcado por un aumento significativo de delitos como la extorsión y secuestro. Este deterioro no solo se refleja en las estadísticas, sino también en el incremento de la presencia y actividad de organizaciones armadas. A medida que la violencia y la inestabilidad crecen, es imperativo comprender que el impacto de estos conflictos globales no son ajenos a nuestras comunidades locales. En este contexto, Colombia se enfrenta a desafíos críticos que requieren una atención apremiante y acciones efectivas para salvaguardar la seguridad y el bienestar de su población.
Ahora bien, el ámbito de la seguridad, la sombría presencia del hurto, el homicidio y la extorsión proyecta cifras desalentadoras que revelan la cruda realidad que atraviesa el país. Detrás de las estadísticas oficiales, se oculta un panorama inquietante: comunidades enteras secuestradas, el ejército confinado en sus cuarteles y una policía desprovista de capacidad de reacción. Este oscuro escenario se convierte en un desafío ineludible para los colombianos, quienes se ven confrontados con una situación que demanda respuestas urgentes.
En este sentido, en un primer análisis de las cifras de asesinatos a líderes sociales y defensores de DDHH en Colombia, así como firmantes del Acuerdo de Paz y masacres perpetradas por los diferentes grupos entre el 2021 y el 2023, nos muestra el primer panorama de impacto criminal que está teniendo el país (cuando estaba escribiendo este artículo van cuatro masacres ya ocurridas en Colombia).
Cuesta abajo
En los últimos seis años, Colombia ha experimentado una alarmante tasa de deforestación, dejando cicatrices profundas en su paisaje a causa de la expansión de los cultivos ilícitos, pastizales para la cría de ganado y la explotación minera a cielo abierto; este desenfrenado despojo de la naturaleza ha desencadenado una seria amenaza para los sistemas vitales del país.
Las rentas disputadas por grupos al margen de la ley no solo socavan la estabilidad del Estado, sino que también agregan angustia a comunidades enteras, estas poblaciones se ven atrapadas en un nefasto dilema, siendo objeto de extorsiones y amenazas diseñadas para silenciarlas y evitar que denuncien los horrores que presencian.
Paralelamente, las organizaciones al margen de la ley manipulan los recursos públicos en las gobernaciones y alcaldías de Colombia, utilizándolos como insumo estratégico para su accionar delictivo, pagando gente en armas, o simplemente para recurso de inversión en la explotación minera descontrolada o en la producción de sustancias ilícitas. Este sombrío escenario coloca a la nación en una encrucijada crítica, donde la lucha por el control de recursos y territorios se entrelaza peligrosamente con la vulnerabilidad de comunidades indefensas.
Como se ha dicho, el 2024 presenta desafíos inquietantes frente al tema de seguridad en Colombia, la complejidad de la situación no se limita únicamente a la producción desmesurada de más de dos millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína, va más allá de este sombrío telón de fondo, se manifiesta un crecimiento exponencial en los índices de hurto y homicidios en las ciudades.
En la actualidad, la ciudadanía enfrenta la amenaza constante de una criminalidad desbordada, donde cualquier objeto o pertenencia se convierte en un reclamo suficiente para que la delincuencia sin restricciones se lance sobre la población. Solo en el transcurso del 2023, se registraron alarmantes 309 mil casos de hurto, representando un aumento del 109 % en comparación con el año anterior, donde se denunciaron 283 mil incidentes, este incremento vertiginoso no sólo evidencia la magnitud del desafío, sino que también pinta un oscuro panorama para la seguridad ciudadana en el país.
Mientras la extorsión continúa su implacable avance, tal como lo han señalado tanto la Defensoría del Pueblo como el ministro de Defensa, este delito ha experimentado un aumento significativo en los últimos tres años.
Según datos del sistema de información SIEDCO, en el año 2020, los ciudadanos colombianos reportaron 8188 casos; en 2021, la cifra ascendió a 8342; en 2022, se disparó a 9791; y en el 2023, alcanzó los 9871 casos. En otras palabras, este delito ha mostrado una tendencia al alza en los últimos cuatro años. Al comparar el número de casos entre 2020 y 2023, se revela un preocupante incremento del 20,5 % en la incidencia de esta conducta criminal. Este panorama no solo impacta directamente en la seguridad ciudadana, sino que también tiene consecuencias negativas en la economía, ya que afecta la inversión, la productividad y, en última instancia, el crecimiento del país.
En conclusión, la actual coyuntura demanda un líder genuino, un estadista que comprenda la urgente necesidad de avanzar en materia de seguridad, dejando de lado meros discursos que, en última instancia, carecen de aportes sustanciales a la creciente inseguridad que afecta a millones de colombianos. Este entramado criminal sumerge a la población en una angustiante realidad, anhelando el día en que esta pesadilla llegue a su fin. Resulta imperativo erradicar la kakistocracia y el roscograma que aún persisten en los ministerios, los cuales permiten la contratación de individuos sin experiencia, simplemente por ser conocidos o amigos. Es tiempo de implementar medidas basadas en la competencia y el mérito, para así construir un camino hacia un futuro más seguro y promisorio para todos los ciudadanos.