El Ministerio de Salud anunció en una conferencia de prensa tres medidas que podrían afectar a Sanitas.
El Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo solicitó a la Contraloría levantar el velo corporativo de la EPS. Además, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud certificar el incumplimiento de Sanitas en cuanto al patrimonio mínimo y las reservas técnicas. Esto permitiría que Adres, el banco de la salud, asumiera el giro directo con los proveedores de Sanitas, es decir, que el Gobierno pague directamente a IPS y proveedores.
El Gobierno informó que Sanitas presentó el 2 de octubre una solicitud para contar con un plan de reorganización institucional.
La EPS argumentó que diversas situaciones afectaron su prestación de servicios y el cumplimiento de indicadores.
Entre estas situaciones, mencionaron la recepción de usuarios de otras EPS liquidadas, la expansión a nuevos territorios y la insuficiencia de la UPC (el monto que el Estado asigna por la salud de cada persona) y de los Presupuestos Máximos (recursos para cubrir tecnologías, intervenciones y servicios fuera del plan básico de salud). Esta solicitud será evaluada en los próximos meses.
“Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo con esos dineros. En ese entramado que hay, necesitamos saber dónde se está quedando el dinero. Ve uno que compran clínicas y cada día expanden más el negocio, y después dicen que no tienen dinero para cumplir con sus responsabilidades (respecto a Sanitas). Cuando las utilidades no son tan buenas para ellos, entonces reclaman que el dinero no es suficiente”, dijo Jaramillo.
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Finalmente, el Ministerio de Salud también solicitó llevar a cabo lo que denominó "una auditoría forense" al flujo de recursos de la EPS. Recordemos que el 14 de noviembre, pocas horas antes de que Cruz Verde implementara su decisión de no dispensar más medicamentos NO PBS a los afiliados de Sanitas, esta EPS anunció un acuerdo con Audifarma para asegurar la continuidad de la dispensación de dichos medicamentos.
La EPS afirmó que, en coherencia con la confianza depositada por más de 5.7 millones de afiliados, asumiría de forma transitoria la financiación correspondiente al Gobierno.
Aunque reconocieron que sus recursos estaban en una etapa crítica, tomaron esta decisión por su compromiso con los colombianos y el sistema, al que han contribuido durante más de 28 años.