Equipo negociador, de izquierda a derecha: Aureliano Carbonel, Pablo Beltrán (delegación del ELN), Otty Patiño, Danilo Rueda e Iván Cepeda (delegación del Gobierno).
Por: Juan Diego Restrepo
Periodista de investigación
El 13 de octubre de 2021 fue especial para un grupo de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Ese día, representantes del FBI y la DEA reconocieron sus labores de investigación en desarrollo de la llamada Operación Catatumbo Lightning, a la que calificaron de “excepcional” dados los resultados alcanzados.
Catatumbo Lightning no fue una operación contra un grupo de narcotraficantes de los que suelen pulular en el país. Se trató de una acción integral de investigadores de ambos países para develar las microestructuras de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dedicadas a la producción y comercialización de clorhidrato de cocaína que llegaban a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos por diversas rutas y que nutrían sus arcas para financiar sus aparatos bélicos.
Iniciada en 2016 con gran sigilo, los sabuesos de la DEA y del FBI, en coordinación con la Dirección Contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía colombiana, y con la participación de la DIJIN de la Policía Nacional, comenzaron a identificar a los responsables de las actividades del tráfico de estupefacientes en las filas del ELN.
Esa guerrilla, con más de 55 años en armas, se ha preciado de mantenerse al margen de las actividades del narcotráfico respaldada por una especie de “purismo insurgente”, que proviene, en sus orígenes, de una fuerte influencia teológica. No obstante, lo que mostraría la Operación Catatumbo Lightning sería una realidad muy alejada de sus mitos fundacionales.
Acudiendo a diversas estrategias, los investigadores pudieron identificar aquellos frentes guerrilleros y a los alzados en armas que con más ahínco estaban dedicados a las tareas del tráfico de drogas en toda su cadena. Se trata del Frente de Guerra Nororiental, que opera en varios municipios de Norte de Santander y Cesar, y el Frente de Guerra Suroccidental, con presencia en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Ambas unidades aprovechan las líneas fronterizas con Ecuador y Venezuela.
La Fiscalía estadounidense había convertido la investigación por narcotráfico contra la guerrilla del ELN en un asunto de “máxima prioridad”, y así se lo habían hecho saber a las autoridades colombianas en 2019.
“Además, con los resultados que arrojó una operación encubierta realizada por dos informantes y dos oficiales de la Policía colombiana en la que se transaron 30 kilos de clorhidrato de cocaína por 43 millones de pesos”
Esta organización alzada en armas fue designada el 8 de octubre de 1997 por el Departamento de Estado como “organización terrorista extranjera”.
Los resultados no se hicieron esperar. Tras minuciosas pesquisas, identificaron a por lo menos seis subversivos, contra quienes las autoridades federales norteamericanas solicitaron sus capturas con fines de extradición. Se trata de Wilmer Villegas Palomino, Yamit Picón Rodríguez, José Gabriel Álvarez Ortiz, Henry Trigos Celón, Jaime Miguel Picón Rodríguez y Diomedes Barbosa Montaño.
De acuerdo con declaraciones de agentes del FBI, las pruebas contra los insurgentes provienen de por lo menos “tres testigos y dos informantes que han trabajado personalmente con Villegas Palomino como miembros del ELN y han participado en la distribución de cocaína bajo su dirección”.
Además, con los resultados que arrojó una operación encubierta realizada por dos informantes y dos oficiales de la Policía colombiana en la que se transaron 30 kilos de clorhidrato de cocaína por 43 millones de pesos.
Con todas esas pruebas, las autoridades colombianas capturaron a Yamit Picón Rodríguez, José Gabriel Álvarez Ortiz y Henry Trigos Celón, quienes fueron extraditados a finales de septiembre de 2021 a Estados Unidos, previo concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia y la autorización presidencial. Los tres guerrilleros restantes —Villegas Palomino, Picón Rodríguez y Barbosa Montaño— se encuentran prófugos.
Este proceso inquietó a los mandos guerrilleros, quienes, a la manera como lo hacen las autoridades, ofrecieron hasta 50 millones de pesos por información que permitiera la ubicación de por lo menos tres testigos que contribuyeron a identificar, capturar y extraditar a los alzados en armas.
El canciller, Álvaro Leyva Durán y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda en Cuba.
Álvarez Ortiz decidió colaborar con la justicia estadounidense y, a cambio de rebaja de penas, ofreció información que contribuye a identificar las redes de narcotráfico de las que tenía conocimiento, lo que podría derivar, a futuro, en más solicitudes de captura con fines de extradición de guerrilleros que están inmersos en esa actividad ilícita.
Aún no se sabe si el tema del narcotráfico estará en la agenda de conversaciones que adelanta el Gobierno Nacional con el ELN para buscar una salida negociada,
pero lo cierto es que el Frente de Guerra Nororiental, comprometido como está en el negocio del tráfico de cocaína, tiene su vocera en la mesa, se trata de ‘Silvana Guerrero’, una experimentada guerrillera que lleva varios años por fuera del país y es la sombra del jefe negociador del grupo guerrillero, ‘Pablo Beltrán’.
“Aún no se sabe si el tema del narcotráfico estará en la agenda de conversaciones que adelanta el Gobierno Nacional con el ELN para buscar una salida negociada”