El Cauca no ha sido ajeno al conflicto armado en el país. Vivió una relativa tranquilidad con los acuerdos de paz firmados por las Farc. Pero fue un tiempo efímero. Más dedicado a tratar de cerrar las cicatrices dejadas por una guerra donde se llevó la vida de cientos de ciudadanos trabajadores que nada tenían que ver.
Pero una vez más el Cauca se está desangrando. Esta vez por cuenta de las disidencias. El llamado Estado mayor Central (EMC) ha sembrado de nuevo el terror. Ha atacado con explosivos las estaciones de policía dejando muertos, heridos y la impotencia de una fuerza pública para responder.
Pero no solo ha sido el asesinato de policías, también el hostigamiento a la población civil en los pequeños municipios como Dagua, Suárez y Jambaló, los más afectados. En el municipio de Miranda, las disidencias hicieron explotar una carga de dinamita que acabó con la vida de una pequeña niña de diez años. También resultaron heridas de gravedad cuatro adultos más.
En solo el mes de mayo, las disidencias perpetraron tres atentados terroristas que han dejado dolor, desolación, incertidumbre y un reclamo airado del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, al presidente Gustavo Petro. “Esta guerra criminal está acabando con la vida de la población civil. Enluta a nuestro departamento”, fue el reclamo airado de Guzmán.
¿Qué está pasando?
Depende desde la arista que se vea. Para el Gobierno la difícil situación de orden público en el Cauca obedece a la fuerte ofensiva de las Fuerzas Militares contra las disidencias y los grupos paramilitares.
El ministro de la defensa, Iván Velásquez, ha señalado en varias ruedas de prensa que la situación del Cauca no es por debilidad en el accionar de las Fuerzas Militares, sino por el contrario. “la organización terrorista intenta contrarrestar de esta manera los buenos resultados del Ejército”.
La otra orilla, piensa todo lo contrario. Sectores políticos y sociales señalan que el recrudecimiento de la guerra en el Cauca obedece a la inoperancia de las Fuerzas Militares. Congresistas como Ariel Ávila, han señalado que el Gobierno no debería continuar los acercamientos de diálogos de paz con las disidencias porque no van para ningún lado. En sus redes sociales señaló que “hay una parálisis en las Fuerzas Militares, no hay norte en la estrategia militar”.
El problema de orden público en el Cauca es preocupante. Allí operan tres frentes que hacen parte del Estado Central Mayor. Cada uno de ellos con enorme potencial de guerra tanto en equipos como de hombres. Para los analistas, la forma cómo están operando estas estructuras de las disidencias son más una señal de realizar actos terroristas que buscar salidas negociadas dentro del proceso de la “paz total”.
A ello se suma el conflicto que se ha dado en esa región por el control de los corredores que se utilizan para la movilización de la droga. Los enfrentamientos cada vez son más fuertes entre esas organizaciones y la intervención de las disidencias para asumir el control, ha disparado la inseguridad.
La región requiere de una atención inmediata del Gobierno. No solo a nivel de fuerza pública que permita ejercer un mayor control y recuperación de territorio hoy en manos de las disidencias, sino de una importante inversión social en educación y salud. La sociedad civil del departamento le ha pedido al presidente Petro declarar una zona de emergencia social y económica, que permita la recuperación de los jóvenes. También establecer unos acuerdos de derechos humanos con los que se logre sacar a la población civil de las zonas de conflicto.
Por lo pronto el pedido se ha quedado en una solicitud sin respuesta. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo ha prendido las alarmas por el aumento de los grupos al margen de la ley en el territorio nacional. Más de 420 municipios enfrentan serios conflictos relacionados con grupos disidentes de las Farc, el ELN y organizaciones como el Clan del Golfo que maneja los hilos del narcotráfico.
De acuerdo con la Defensoría, la presencia de en el territorio de las Autodefensas Gaitanistas pasó de 213 municipios en el 2019 a 329 en el 2013. Las Alertas tempranas emitidas por el Defensor, han sido oídos sordos por el Gobierno, mientras los grupos al margen de la ley crecen como la maleza en buena parte del país.