La Alta Guajira, una región históricamente afectada por condiciones climáticas extremas, enfrenta una de sus peores crisis humanitarias tras el paso de la tormenta tropical Rafael. Las intensas lluvias desbordaron casi todos los cuerpos de agua y causaron inundaciones que dejaron a 192.465 personas afectadas y a ocho municipios completamente incomunicados. Ante esta situación, el gobernador del departamento, Jairo Aguilar Deluque, declaró el estado de calamidad pública el pasado 8 de noviembre mediante el Decreto 0907, buscando priorizar la atención y movilización de recursos para enfrentar la emergencia.
La magnitud de los daños ha sido abrumadora, hasta la redacción de este artículo van 10 viviendas completamente destruidas y otras 24.363 presentan daños entre leves y estructurales. Desde el sector productivo suman 320 hectáreas de cultivos arrasados y, como hecho amplificador del desastre, hay 32 kilómetros de carreteras obstruidas. Ello ha complicado la llegada de ayuda humanitaria, intensificando las dificultades para la distribución de alimentos, medicinas y otros insumos esenciales; siendo lo más grave las 9000 familias wayúu que actualmente están totalmente aisladas de atención en el municipio de Uribia.
En respuesta a esta emergencia, el Gobierno Nacional actuó con prontitud y el pasado 14 de noviembre el presidente se trasladó junto con parte de su gabinete al municipio de Nazareth ubicado en el extremo norte. Desde allí, desplegó un operativo coordinado para asistir a las comunidades afectadas; entidades como el Ejército Nacional, la Armada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos están articulados para brindar apoyo logístico y humanitario.
De los mencionados, me gustaría destacar al Ejército Nacional por su despliegue inmediato y contundente. Las fotografías no dan crédito suficiente a la entrega de los soldados y las ayudas que la entidad ha donado para sopesar esta lamentable tragedia. Desde las primeras horas de la emergencia, ha movilizado helicópteros, vehículos y personal capacitado para llevar ayuda a las zonas más afectadas y de difícil acceso. Su labor ha sido crucial no solo en el transporte de alimentos y medicinas, sino también en la evacuación de personas.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos conjuntos, la mancha de corrupción que pesa sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), empieza a cobrar factura. Como lo anunció el propio director de la entidad, Carlos Carrillo, esta no cuenta con los recursos suficientes para atender la crisis. El gran detrimento patrimonial sufrido por escándalos como los carrotanques, que también serían cruciales en este momento, tienen en jaque las finanzas; por lo que requirieron una adición presupuestal de 700 mil millones de pesos.
Carrillo asimismo cuestionó la negativa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago García, quien se ha negado a desbloquear 230 mil millones de pesos que tiene asignado el municipio de forma irregular —por decir lo menos— y dados en la administración de Olmedo a través del Fondo de Inversión Colectiva. La tormenta tropical Rafael ha dejado una profunda huella en la Alta Guajira, evidenciando el costo humano que deja la desidia estatal amplificada por su natural corrupción. Es solo el primer campanazo.
Rafael es solo la primera tormenta que nos manda el Fenómeno de la Niña. Desde el mes de julio el Gobierno Nacional había advertido que la región Caribe es la que mayor afectación tendrá de los posibles 2.624 eventos entre el periodo de octubre de 2024 y finales de marzo de 2025.
En cifras crudas “desde la Unidad proyectamos afectaciones en 550.000 familias, 16.000 viviendas destruidas, 224.000 viviendas averiadas, 2.201.423 hectáreas de cultivos y 6.184.771 animales” mencionó Carrillo en términos nacionales.
Departamentos como el Atlántico, Magdalena y Bolívar también han sufrido fuertes inundaciones. El más dramático de mencionar es el del municipio de Plato Magdalena el cual primero tuvo una creciente de una quebrada el 5 de junio donde muchos de los damnificados dijeron: “Quedamos con lo que tenemos puesto”. Después, el domingo 25 de agosto 20 barrios quedaron con el agua hasta el techo.
En el Atlántico hay una permanente alerta naranja por el peligro que representa un nuevo desbordamiento del canal del dique. Lamentable hecho que se sufrió en el año 2010 y que dejó graves secuelas en materia de pobreza extrema, seguridad alimentaria, pérdida de vidas y un largo etcétera. Por último y no menos importante, está el departamento de Bolívar que el 18 de noviembre accionó calamidad pública en el municipio de Montecristo; en total hay 24 municipios afectados por las lluvias de los 45 que conforman el departamento y son 10 mil las familias que están afectadas.
Este duro panorama llega el peor momento histórico de la UNGRD, una dura prueba que llevará al límite todas las capacidades administrativas tanto del director como del jefe de estado. Y si bien nunca he ocultado mis opiniones opuestas en varios puntos de este gobierno, como costeño deseo que tengan la presteza, habilidad e inteligencia para sopesar todas las dificultades que este Fenómeno de la Niña nos pone en el horizonte.