“Que yo esté preso no impide que me pague extorsión”. Amenaza de El Negro Ober, jefe de los Rastrojos a víctima.
Con esta terrible amenaza, y desde la cárcel de “máxima seguridad” La Picota de Bogotá, el jefe indiscutido de la organización criminal Los Rastrojos Costeños, deslucía la eficacia del Estado para controlar el delito que está acabando a la costa Caribe del país, la extorsión. Un crimen que viene escalando a ritmo de dos dígitos anuales desde el 2019 y que, por ahora, no parece tener techo alguno.
Tras los acontecimientos del covid-19 las estructuras del crimen organizado, en Colombia y el Caribe, cambiaron; así como el mundo que poco se recuerda cómo era antes del inicio de la pandemia. Pocos meses después de la suspensión permanente de la cuarentena, en agosto de 2021, la Cámara de Comercio de La Guajira publicaba su encuesta de percepción de seguridad departamental donde la extorsión ya figuraba como segundo delito más común entre los empresarios con un 16,7 %, de los cuales el 70,3 % no realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades.
Más adelante, el 18 de octubre del 2022, la Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana número 028 del 2022 en San Andrés Islas donde señala el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos, donde los niños y adolescentes eran utilizados para el asesinato, el turismo sexual y el cobro extorsivo.
Observándolo desde otra perspectiva, entre los años 2022 y 2023 según las cifras del Gaula, señalan que al menos el 29 % de las llamadas extorsivas en el país se realizan desde la Cárcel La Tramacúa de Valledupar, con afectación a 27 departamentos y tres ciudades capitales como Barranquilla, Bogotá, Medellín. Estas llamadas son originadas por miembros de las AGC y Los Rastrojos; al mando de El Negro Ober, sin contar que la propia capital del César, empieza sufrir un aumento de este flagelo de forma local.
Ciudades al borde del colapso
Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, es históricamente una ciudad marcada por el conflicto armado. La influencia de varios grupos paramilitares es de amplio conocimiento y, hasta cierto punto, un hecho asimilado y conocido por propios y extraños. Empero, en cifras expuestas por el Ministerio de Defensa durante el 2023, la Perla del Caribe ocupó el octavo puesto de las ciudades con más casos registrados.
Si nos alejamos un poco geográficamente, municipios aledaños denuncian que, hasta los docentes, deben pagar cuotas mensuales para laborar en los colegios rurales. Lo anterior fue presentado por el sindicato EDUMAG y la Procuraduría. Señalando el caso más dramático ocurrido el pasado primero de marzo donde en la Institución Educativa Rosa Cortina, en el municipio de Plato: “donde hombres armados incursionaron en el colegio amenazando al rector y los docentes frente a sus alumnos por no residir en dicho corregimiento y por el supuesto mal servicio prestado a la población educativa”, según informe del Ministerio Público.
Barranquilla, cuarta ciudad más importante del país y epicentro del comercio de la región, es la que peor ha sufrido los estragos de este delito. Solo en el 2023, y presentado en el Foro Seguridad Ciudadana y Cierre del Ciclo Judicial de la Cámara de Comercio de la ciudad, las denuncias por extorsión en Barranquilla aumentaron un 400 %. Los comerciantes no encuentran soluciones efectivas por parte de las autoridades y la justicia y han salido a marchar en más de tres ocasiones entre 2023 y 2024; pues solo en lo que va en 2024, han asesinado a tres agremiados.
Según UNDECO, entre 2020 y 2023 más de 200 negocios de este tipo han sido cerrados por este flagelo. En municipios del área metropolitana de la ciudad, como Malambo y Soledad, los comerciantes han anunciado la creación de grupos de vigilancia armados dispuestos a “dar de baja” a cualquier motociclista sospechoso que pretenda cobrar las vacunas.
Se queda corto este texto para resumir todo el drama que vive actualmente la arenosa, pero a continuación resumo los hechos más dramáticos y puntuales: asesinato de conductores de buses para presionar a las empresas; lanzamientos de granadas de fragmentación en los locales comerciales; masificación de panfletos amenazantes; el asesinato de un patrullero de la policía donde se dio a conocer la última llamada extorsiva y, por último, los múltiples mensajes de El Negro Ober publicados en medios nacionales desafiando toda la institucionalidad sin recibir castigo alguno.
Una guerra que se va perdiendo
Si en la región Caribe diluvia, en el resto del país no escampa. Según el comunicado 483 de la Defensoría del Pueblo, fechado en Bogotá el 16 de enero de 2024, los ciudadanos colombianos reportaron 8.188 casos en 2020, 8.342 en 2021, 9.791 en 2022 y 9.871 en 2023. Esto indica que el delito ha aumentado en los últimos cuatro años. Comparando los números de casos entre 2020 y 2023, se observa un incremento del 20,5 % en la incidencia de este tipo de conductas criminales.
Este hecho cuestiona los esfuerzos del gobierno central para resolver un delito que contribuye al aumento de la violencia, el fortalecimiento de grupos paramilitares y guerrilleros, y afecta la percepción de seguridad en el país. Cabe recordar que, si exploramos nuestra historia, los primeros grupos de autodefensas surgieron precisamente porque los comerciantes y ganaderos estaban cansados de pagar extorsiones.