En el tapiz político de Colombia, el proceso constituyente ha surgido como un tema central de debate y discusión, luego de las declaraciones del presidente Petro el pasado viernes de la semana pasada. Para muchos, este proceso representa una oportunidad única para abordar los desafíos sistémicos, sin embargo, Petro enfatizó que si las instituciones actuales no están a la altura de las demandas del pueblo, entonces no es el pueblo quien debe ceder ante las demandas que han aquejado al país durante décadas. Pero, ¿qué implica realmente este proceso constituyente? ¿Cuáles son sus objetivos y por qué es tan relevante para el futuro de la nación?
Como lo ha entregado a los medios a través de un documento, la Presidencia de la República, el proceso constituyente tiene ciertos lineamientos y objetivos.
¿Qué es un proceso constituyente?
Un proceso constituyente es un mecanismo democrático establecido en la Constitución de 1991 que permite al pueblo colombiano modificar o reformar su carta magna. Contrario a lo que algunas voces sugieren, este proceso no se trata simplemente de cambiar la Constitución del 91, sino de abordar las necesidades y demandas actuales de la sociedad colombiana.
Es importante destacar que el Presidente no tiene la autoridad para decidir unilateralmente sobre el futuro de una Asamblea Nacional Constituyente. Este proceso es intrínsecamente democrático y requiere la participación y el apoyo del pueblo colombiano para ser efectivo.
¿Por qué un proceso constituyente?
Según el documento de la Presidencia de la República, la necesidad de un proceso constituyente surge de la imperiosa demanda de cambio expresada por gran parte de la población colombiana. No se trata simplemente de un ejercicio de reforma constitucional, sino de una oportunidad para abordar aspectos que la Constitución del 91 no pudo contemplar en su momento.
El Acuerdo de Paz de 2016, la reforma agraria, la garantía de condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, la reforma judicial y la lucha contra el cambio climático son solo algunos de los temas cruciales que requieren atención urgente. Estos desafíos no pueden abordarse eficazmente dentro del marco constitucional actual, lo que hace que un proceso constituyente sea la vía más adecuada para buscar soluciones sostenibles y equitativas.
La Constitución de 1991 y su aplicación A pesar de ser considerada como un hito en la historia democrática de Colombia, la implementación efectiva de la Constitución del 91 ha sido obstaculizada por diversos factores. Las confesiones ante la justicia de los actores implicados en la guerra civil de las últimas décadas han revelado la persistencia de estructuras mafiosas que han socavado los principios fundamentales del Estado Social de Derecho propuesto por la Constitución.
El Congreso de la República y la Corte Suprema han demostrado valentía al exponer la infiltración de estas mafias en la elaboración de leyes y en la administración de justicia, evidenciando la necesidad de una reforma profunda y significativa.
Reforma a la justicia y otros aspectos clave
Uno de los pilares fundamentales de cualquier proceso constituyente es garantizar una justicia imparcial e independiente. Como lo informan en el documento, el compromiso del Presidente de respetar la independencia de poderes y la autonomía judicial es un paso crucial en esta dirección.
Además, es esencial destacar que el proceso constituyente no busca la reelección presidencial ni la ampliación del mandato actual. Se trata de fortalecer la participación ciudadana a través de cabildos abiertos, sin afectar la propiedad privada pero promoviendo una reforma agraria que impulse la equidad y el desarrollo rural.
El proceso constituyente no está limitado por un calendario específico. Su duración y resultados dependerán del diálogo y la participación activa de todos los sectores de la sociedad colombiana. Este proceso puede ser la llave que abra las puertas a un futuro más próspero, justo y equitativo para todos los colombianos.
En resumen, el proceso constituyente en Colombia representa una oportunidad histórica para abordar los desafíos estructurales que han limitado el desarrollo y la equidad en el país. Es un llamado a la acción colectiva, a la participación ciudadana y a la construcción de un futuro común basado en los principios de justicia, equidad y democracia.