A inicios de este año, campesinos del departamento de Guaviare comenzaron a recibir visitas inusuales en sus tierras. Personas ligadas al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC realizaban un censo poblacional, solicitando datos sobre el tamaño y los propietarios de los predios. Según informes de la comunidad, esta información sería usada para imponer extorsiones y avanzar en una "reforma agraria" diseñada por el grupo armado.
Este “catastro” realizado por el EMC se ha convertido en un paso clave para el control territorial y económico en la región. Además de cobrar extorsiones basadas en el tamaño de las tierras, el grupo exige 2.000 pesos por hectárea medida. Con el tiempo, el EMC ha ampliado su control sobre las tierras en la Amazonia, sumando nuevas estrategias como el uso de censos detallados para aumentar su legitimidad entre los campesinos sin tierras.
El avance del EMC en la recolección de información contrasta con los lentos progresos del catastro multipropósito del Estado, que apenas cubre el 12,4 % del territorio nacional. En Guaviare, el catastro estatal se ha limitado principalmente al casco urbano de San José, quedando gran parte de las zonas rurales fuera de su alcance. Las disidencias han aprovechado esta falta de presencia estatal para continuar con actividades como la deforestación y el acaparamiento de tierras, lo que les ha permitido consolidar un lucrativo negocio ilegal.
Las autoridades locales y nacionales han recibido denuncias sobre la presencia de personas que se hacen pasar por funcionarios estatales para medir tierras en nombre del EMC. Sin embargo, el temor a represalias ha dificultado que los campesinos denuncien estas actividades. A pesar de los esfuerzos del Ejército y de la creación de líneas de denuncia, las comunidades rurales continúan enfrentando la presión de los grupos armados.
El EMC ha utilizado estas acciones para justificar lo que llama una “reforma agraria revolucionaria”, que pretende redistribuir tierras según sus propios criterios. En septiembre, el Bloque Jorge Suárez Briceño del EMC publicó una carta reafirmando su compromiso con esta estrategia, declarando que las tierras latifundistas y ociosas serían objeto de redistribución en las áreas bajo su control.
Los ilegales que continúan imponiendo su accionar en el territorio llaman “reforma agraria revolucionaria” su estrategia de recolección de información, comparándola con la iniciativa del Estado.