En una acción coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), se llevó a cabo un extenso operativo para frenar la extracción ilícita de minerales en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
En una primera fase que se extendió por más de un mes, se logró desmantelar la organización delictiva GOLDEN CLIFF, encargada de la explotación ilegal de oro en el área protegida. Once personas fueron detenidas por orden judicial, responsables de coordinar la comercialización del oro extraído en las ciudades de Cali y Pereira. Además, se aseguraron 23 semovientes utilizados para el transporte logístico de los mineros ilegales.
Las siguientes etapas del operativo se centraron en intervenir tres frentes mineros ilegales dentro del parque, resultando en la destrucción controlada de 11 socavones en lugares conocidos como 'La Martínez', 'El Feo' y 'Patequeso'. Se llevaron a cabo capturas en flagrancia de cinco personas por diversos delitos, incluyendo violencia contra servidor público, explotación ilícita de yacimientos mineros e invasión de áreas ecológicamente importantes.
Este operativo tuvo un impacto significativo en la conservación del área protegida y afectó las economías criminales derivadas de la minería ilegal en el Valle del Cauca. Se estima que la maquinaria y equipos destruidos tenían un valor superior a los 5.000 millones de pesos.
La intervención institucional facilitó la salida de aproximadamente 800 personas que practicaban la extracción ilícita, mitigando así los impactos ambientales negativos en los ecosistemas locales. Además, se destacó la protección de afluentes hídricos, fauna y flora, así como la preservación del hábitat.
Se estima que estos frentes mineros ilegales extraían alrededor de 83.000 gramos de oro mensualmente, valuado en 15.000 millones de pesos. Estas finanzas ilegales también se sospecha que estaban financiando a grupos armados ilegales.
El general William Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional, enfatizó la importancia de estas operaciones para la protección del medio ambiente, subrayando que la minería ilegal contamina fuentes de agua con químicos perjudiciales, poniendo en riesgo la salud humana y el equilibrio ecológico.
Desempeño Institucional contra la Extracción Ilegal de Minerales en el País (2023)
En el marco de la Estrategia Institucional contra la Extracción Ilegal de Yacimientos Mineros (EIMIL), se llevaron a cabo 827 operaciones en el territorio nacional durante el año 2023, representando un promedio de 2,2 operaciones diarias. Estas acciones permitieron intervenir 3.482 minas.
Como resultado, 1.114 personas fueron llevadas ante las autoridades judiciales por este delito, y se destruyeron 146 retroexcavadoras, 310 dragas y 760 motores. Adicionalmente, se incautaron 172 excavadoras, 193 dragas, 1.289 motores, 37 kilogramos de oro, 100 kilogramos de mercurio y 873 kilogramos de explosivos.
Estos resultados representan una afectación de aproximadamente 302.826 millones de pesos (75,8 millones de dólares) a las finanzas criminales.
El 'Clan del Golfo', una organización criminal particularmente perjudicial para la riqueza natural del país, fue objeto de 69 operaciones en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Esto condujo a la captura de 80 determinadores vinculados a la extracción ilegal de yacimientos mineros, los cuales estarían coercitivamente involucrados con poblaciones vulnerables.
Se llevaron a cabo siete procesos de extinción del derecho de dominio y se afectaron económicamente 86 bienes muebles e inmuebles con un valor aproximado de 65.000 millones de pesos. Además, se realizaron tres operaciones trasnacionales en colaboración con Estados Unidos, Turquía, Italia y Emiratos Árabes, afectando organizaciones criminales dedicadas a la exportación de oro.
Desempeño Institucional para la Protección del Medio Ambiente en el País (2023)
Para salvaguardar los activos de fauna y flora en Colombia, se llevaron a cabo 68 operaciones estructurales que resultaron en la captura de 338 personas por orden judicial, incluyendo determinadores y financiadores de delitos ambientales. Ocho de estas operaciones estuvieron dirigidas a contener la deforestación en áreas protegidas como los Parques Nacionales Naturales Chiribiquete, Paramillo, Serranía de los Yariguies, La Paya, Puré, Amacayacu, Farallones y Nukak Makú.
Destacan dos actividades operacionales centradas en desarticular estructuras que se beneficiaban ilegalmente de recursos naturales de especies marinas en peligro de extinción, como tortugas y tiburones, destinados al consumo humano.
Las finanzas criminales afectadas por estas acciones ascienden a 403.150 millones de pesos, representados en la destrucción de infraestructura, incautaciones de hidrocarburos y fauna, así como la incautación de recursos forestales.
Estas operaciones se llevaron a cabo en colaboración con agencias internacionales y cuerpos de policía extranjeros, como INTERPOL, AMERIPOL, Red Jaguar, Policía Federal de Brasil y Policía del Ecuador, entre otros.
Impactos Ambientales (2023)
Los resultados obtenidos en 2023 han evitado la deforestación de 57.240 hectáreas de bosque y la remoción de 2,7 millones de toneladas de tierra, con la destrucción e incautación de 318 retroexcavadoras.
Además, se evitó que se arrojaran cerca de 36 millones de gramos de mercurio a las fuentes hídricas del país, dejando de contaminar 21,6 billones de litros de agua, con la incautación y destrucción de 503 dragas.
La incautación de 24,5 millones de galones de derivados del petróleo previno la contaminación de 46 billones de litros de agua.