El partido Centro Democrático radicó una denuncia contra Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), por la presunta comisión de varios delitos. La denuncia señala que Bolívar podría haber incurrido en los delitos de concusión, tráfico de influencias y abuso de autoridad por omisión de denuncia.
La denuncia se origina a partir de la publicación un video en el que Bolívar hace comentarios sobre “acuerdos” administrativos vinculados a consulados. Según el texto de la denuncia, estas afirmaciones podrían implicar la existencia de acuerdos indebidos que buscaban asegurar el respaldo de congresistas a reformas legislativas impulsadas por el Gobierno Nacional.
El video en el que Bolívar aparentemente admite dichos acuerdos, se acompaña de un mensaje que señala: “Gustavo Bolívar reconoce ‘acuerdos’ burocráticos con consulados para que los partidos aprueben las reformas de Petro en el Congreso”.
En cuanto a los delitos señalados, la denuncia menciona la presunta comisión de tres delitos específicos, basados en el Código Penal Colombiano. El primero de ellos es la concusión, previsto en el artículo 404 del Código Penal, que establece sanciones para aquellos funcionarios públicos que abusen de su cargo para obtener beneficios personales o para influir indebidamente sobre otros servidores públicos.
El segundo delito señalado es el tráfico de influencias, estipulado en el artículo 411 del Código Penal. Este delito se refiere al uso de una posición de poder para promover acuerdos administrativos con el fin de obtener beneficios políticos, como podría haber ocurrido en este caso con los supuestos “acuerdos” vinculados a los consulados.
Por último, se menciona el abuso de autoridad por omisión de denuncia, previsto en el artículo 417 del Código Penal. Este delito podría configurarse si se demuestra que Bolívar, al conocer de actos presuntamente ilegales, no los reportó a las autoridades competentes, lo cual estaría en línea con las acusaciones de tráfico de influencias y concusión.
El Centro Democrático hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se investiguen los hechos denunciados y se determine si realmente se configuraron las conductas ilícitas mencionadas. La denuncia subraya la necesidad de garantizar la transparencia en la administración pública y el cumplimiento de la ley, especialmente cuando se trata de funcionarios de alto nivel.