Sábado, 23 de noviembre de 2024 Suscríbase
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Francia Marquez

Denuncian que gobierno destinó 70 millones para documental de Francia Márquez

El concejal Daniel Briceño cuestionó a varios integrantes o defensores del gobierno que antes criticaron otros gastos.

Foto: Presidencia de Colombia

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, hizo público un contrato en el que el gobierno de Gustavo Petro, mediante Proimágenes, destinó 70 millones de pesos para la producción del documental Igualada, basado en la vida de la vicepresidenta Francia Márquez. El estímulo se otorgó dentro de la convocatoria de estímulos automáticos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) de 2024.

El contrato detalla que el estímulo corresponde a la modalidad de promoción de largometraje y desempeño por taquilla. Según el documento, los recursos serán desembolsados si el beneficiario cumple con las condiciones legales y contractuales establecidas, tomando los 70 millones de pesos como referencia para efectos como retenciones y garantías.

Briceño comparó esta situación con la polémica generada en el gobierno anterior por la autobiografía de la ex primera dama María Juliana Ruiz. Recordó que en ese momento, “el señor David Racero pidió investigación en la Procuraduría General de la Nación”, sugiriendo un contraste con la falta de pronunciamientos sobre el caso del documental.

En su publicación, el concejal citó también comentarios previos del representante César Pachón sobre la autobiografía de Ruiz, donde este criticaba duramente el uso de recursos públicos. Briceño cuestionó la postura de Pachón en el actual contexto, preguntando: “¿Qué dirá del documental de la vicepresidenta financiado con recursos públicos?”.

El anuncio ha generado reacciones encontradas en redes sociales y entre figuras políticas, que debaten el uso de fondos públicos para proyectos culturales vinculados a líderes políticos. Proimágenes, en tanto, ha destacado que este tipo de estímulos forman parte de un proceso reglado y abierto a proyectos cinematográficos.

Este caso se suma a discusiones previas sobre el destino de recursos oficiales en iniciativas relacionadas con la promoción de figuras públicas, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión de fondos culturales en Colombia.