La designación de Irene Vélez como cónsul de Colombia en el Reino Unido ha sido objeto de una demanda legal. La acción jurídica fue interpuesta por la abogada Ximena Echavarría, quien previamente logró que el Consejo de Estado anulara la personería jurídica de tres partidos políticos: Fuerza Ciudadana, Todos Somos Colombia y En Marcha. Esta demanda cuestiona la legalidad del nombramiento de Vélez en el cargo diplomático.
Los argumentos presentados en la demanda señalan que Vélez carece de experiencia en actividades relacionadas con el cargo consular y no acredita el dominio de una segunda lengua, requisito habitual para puestos diplomáticos. Adicionalmente, la demandante sostiene que el proceso de selección no siguió los procedimientos establecidos para cargos de carrera diplomática, los cuales requieren un concurso entre los funcionarios ya pertenecientes a dicha carrera.
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Echavarría también alega que no se realizaron las publicaciones obligatorias de la hoja de vida y la declaración de renta de Vélez, trámites exigidos en estos procesos de nombramiento. Para obtener la información necesaria para sustentar su demanda, la abogada se vio en la necesidad de interponer una tutela contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, que inicialmente se negó a proporcionar los datos solicitados.
El Tribunal de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Moisés Mazabel, ha tomado las primeras decisiones respecto a esta demanda. Aunque negó la medida de urgencia solicitada por la demandante, el tribunal ha dado traslado a Irene Vélez para que prepare su defensa ante la solicitud de medida provisional de suspensión del nombramiento. Este desarrollo indica que el proceso legal seguirá su curso, permitiendo a ambas partes presentar sus argumentos ante la justicia.