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Secuestrados

Dejan en libertad a un empresario secuestrado hace más de dos meses

Arias, 34 años de edad, fue secuestrado en Ocaña (Norte de Santander), y figuraba en la lista de al menos 91 personas en manos de grupos armados ilegales que la Defensoría del Pueblo entregó ayer al Comisionado de Paz.

Foto: Defensoría del Pueblo

Una comisión humanitaria recibió en una zona rural de la región del Catatumbo al empresario Fabián Arias, quien recuperó su libertad luego de haber sido secuestrado hace más de dos meses, informó este martes la Defensoría del Pueblo.

"En zona rural del Catatumbo fue entregado a una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo de Colombia y la iglesia Católica, Fabián Arias, quien se encontraba privado de su libertad desde el 2 de octubre del presente año", informó en su cuenta de X la Defensoría, sin precisar que grupo lo tenía secuestrado.

En el Catatumbo, región del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, operan las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y el Ejército Popular de Liberación (EPL), esta última considerada por el Gobierno como banda criminal. Esos grupos traban una guerra para controlar los vastos cultivos de coca de la zona y las rutas del narcotráfico.

Arias, 34 años de edad, fue secuestrado en Ocaña (Norte de Santander), y figuraba en la lista de al menos 91 personas en manos de grupos armados ilegales que la Defensoría del Pueblo entregó ayer al Comisionado de Paz.

"La entidad de derechos humanos reitera su llamado a cesar esta práctica atroz y represiva", aseguró la Defensoría, que aseguró que mantiene a "disposición los canales humanitarios para facilitar el pronto regreso de todas las personas que se encuentran en cautiverio. Nuestra capacidad mediadora seguirá presta para acompañar el regreso a la libertad de todos los secuestrados".

La Defensoría informó ayer que tiene constancia del secuestro este año de 91 personas, entre ellos tres menores de edad, que aún siguen privadas de libertad, según le hizo saber al Gobierno.

La entidad advirtió que "es muy posible la existencia de un alto subregistro, toda vez que las familias de las víctimas, por temor a represalias de los grupos armados ilegales, no lo han puesto en conocimiento de las instituciones". EFE

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