La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre los potenciales riesgos de salud pública en la subregión Urabá-Darién, a raíz del cierre de los pasos fronterizos utilizados por migrantes para cruzar de Colombia a Panamá a través de la Selva del Darién. Esta advertencia se basa en un estudio realizado por la entidad, que señala la posibilidad de un incremento en enfermedades endémicas como sífilis congénita, chikunguña, dengue y leptospirosis en nueve municipios que reciben migrantes. La situación podría llevar a un colapso de la red hospitalaria local, por lo que la Defensoría insta al Gobierno Nacional y a las autoridades de salud a implementar medidas preventivas ante el posible aumento de estas patologías.
El análisis de la Defensoría se centró en siete municipios de Antioquia (Carepa, Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá, Apartadó y San Pedro de Urabá) y dos del Chocó (Acandí y Unguía), que conforman la subregión Urabá-Darién. Esta área, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuenta con una población aproximada de 480,000 habitantes. El estudio proyecta que los cierres fronterizos podrían resultar en la permanencia de entre un 10% y un 20% de la población migrante en la subregión durante un período de seis meses a un año. Se estima que los municipios más afectados por este incremento poblacional serían San Juan de Urabá con 5,713 personas (2.9% de aumento), Arboletes con 3,400 (2.0%), y San Pedro de Urabá con 3,230 (1.9%).
También le puede interesar: ¿Quién manda en las calles de Bogotá?¿Los motociclistas de plataformas o la Policía de Tránsito?
La investigación también reveló una preocupante disparidad entre el número de camas hospitalarias requeridas, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la cantidad real disponible en los municipios analizados. Los casos más críticos se presentan en Antioquia, donde Turbo necesitaría 461 camas pero solo cuenta con 100, Apartadó requeriría 451 camas pero dispone de 291, y Carepa debería tener 179 camas pero solo tiene 56 instaladas. Esta situación es particularmente alarmante considerando que las complicaciones derivadas de las enfermedades mencionadas podrían requerir hospitalización, ejerciendo una presión adicional sobre la ya limitada infraestructura sanitaria de la región.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a los gobiernos de Colombia y Panamá para que activen acciones inmediatas y establezcan mesas de gestión migratoria con un enfoque humanitario, con el fin de atender adecuadamente a los migrantes en tránsito. Además, la entidad subraya la importancia de realizar una caracterización detallada que permita identificar los factores de vulnerabilidad en materia de salud de la población migrante.