Por: Jorge Lesmes M.
Editor Revista Alternativa
En muchísimas cosas. Casi treinta años después, el fantasma de dineros de dudosa procedencia continúa rondando por las sedes de los candidatos, a pesar de lo que en su momento significó para el país el desgaste político del gobierno Samper que no tuvo un día de sosiego para gobernar y dedicó buena parte de los cuatro años a sobrevivir. A señalar a los medios de comunicación de tendenciosos y amarillistas. A la oposición los calificó de malos perdedores y que por lo tanto querían tumbarlo y, como si fuera poco, se quedó sin visa, Washington se la canceló. Su única respuesta frente a semejante situación fue: “aquí estoy y aquí me quedo”.
El gobierno de Gustavo Petro apenas está despegando. Y ya enfrenta escándalos de proporciones descomunales: uno de sus alfiles más importantes durante la campaña salió a decir que gestionó más de 15 mil millones de pesos para la campaña. Su mano derecha en Palacio, Laura Sarabia es señalada de una posible orden de “chuzar” el celular de su exniñera y exempleada doméstica.
Conozco las entrañas del escándalo de hace 30 años, que para la historia se llamó el proceso 8.000. Tuve a cargo el equipo de investigación de la revista Semana que destapó buena parte de lo que ocurrió con el ingreso de más de 8 millones de dólares a la campaña presidencial en la última vuelta y que eran procedentes de los carteles de la droga de Cali y el Valle del Cauca.
Armando Benedetti, ex embajador en Venezuela. Foto: Archivo particular.
Al igual que hace treinta años, cada uno de los hechos y los protagonistas se asemejan unos a otros. Empezando por los dos presidentes. Ambos en su momento solicitaron que se investigara, que los entes de control, llámese Fiscalía, Consejo Nacional Electoral y Comisión de Acusaciones del Congreso, llevaran las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Treinta años después el proceso 8.000 sigue sin muchas respuestas.
Igual que hace treinta años, los políticos salieron presurosos a pedir cuentas. Es un gobierno “ilegítimo e ilegal”, señaló el excandidato Federico Gutiérrez. En su momento, Andrés Pastrana, quien perdió las elecciones contra Samper, pidió que dimitiera del cargo.
También se presentó el fenómeno de las “chuzadas”. No hay que olvidar que hasta el día de hoy los ministros de Defensa y de Interior, de entonces, -Fernando Botero y Horacio Serpa- nunca supieron explicar ante una pregunta de un audaz reportero sobre cómo sabían de la confesión del tesorero de la campaña, apenas 24 horas después que había rendido su testimonio ante los fiscales sin rostro y por qué razón sabían de su contenido y recitaban apartes de la diligencia judicial en una improvisada rueda de prensa, para desmentir la versión del hombre fuerte de la campaña. Los dos se miraron y ninguno dijo esta boca es mía.
En el actual gobierno, la Fiscalía investiga quién dio la orden para “chuzar” el celular de la ex empleada de la jefe de Gabinete, bajo el supuesto delito de trabajar como cocineras para un delincuente del Clan del Golfo.
Otra de las similitudes es las constantes quejas del tesorero de la campaña de Samper, que pedía a gritos que le cumplieran con el compromiso de nombrarlo embajador en Francia. También le gritó improperios al anillo cercano del presidente y les restregó que parte del triunfo se lo debían él y ahora solo le querían premiar con un simple consulado en Grecia. Además, Medina lanzaba acusaciones a cuatro vientos y unas horas después las desmentía. O simplemente señalaba que los medios lo habían citado fuera de contexto.
En el caso de Petro, el que se salió de los chiros no fue el tesorero sino su embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Consideraba poca cosa ese cargo para todo lo que hizo con tal de llevar al primer presidente de izquierda al Palacio de Nariño. Su reclamo no fue tan glamuroso como el del tesorero. Como verdulera de plaza que se respete y con los peores calificativos, se despachó contra la funcionaria más cercana al presidente, para pedir mejor trato, mejor cargo, porque él se lo merecía.
Al igual que el extesorero, después de los graves señalamientos, salió a decir “que en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.
Hace 30 años no había redes sociales ni ese mundo vertiginoso de la virtualidad. La información no se encontraba en un chat o en Twitter. Los reporteros no éramos tan mediáticos. Había que buscar la información en archivos desolados, ubicados en cuartos húmedos, las grabaciones se hacían en cintas de casete, algunas en clave y otras, donde se identificaba fácilmente a los protagonistas. Pero al igual que en el caso del gobierno Petro, los funcionarios decían que eran conversaciones fuera de contexto, mal editadas. Y lo mejor: voces impostadas.
Cuando logramos la primicia de la conversación del presidente Samper con una emisaria de los carteles de la droga y el contrabando de cigarrillos en la Guajira (que coincidencia es el mismo hombre Marlboro), conocida como “la Monita Retrechera” el argumento del Gobierno para que la revista no la publicara fue que la voz del presidente Samper había sido impostada por Jaime Garzón, genio y figura por siempre.
Otra coincidencia es la suma de dinero que se había ingresado a la campaña. En la de Samper los cálculos fueron de 8 millones de dólares. A razón de 1.300 pesos el dólar de la época suma más de doce mil millones de pesos. La cifra que hoy se ventila por parte del exembajador en Caracas es de 15 mil millones de pesos.
Ernesto Samper siempre señaló que los gringos lo querían tumbar del cargo, que había una conspiración del entonces embajador Myles Frechette con un sector de la clase política y directores de medios de comunicación que aspiraban a que Humberto de la Calle, fórmula vicepresidencial, asumiera el cargo. Petro habla de que “se trata de un simple intento de golpe blando”.
El proceso 8.000 no ha terminado por cerrarse y ya estamos a la puerta de otro escándalo de grandes dimensiones. Hace 30 años había un fiscal, que llegó de carambola a su cargo y que titubeó una y otra vez frente a la investigación. El motor del proceso 8.000 fue su ex fiscal Adolfo Salamanca. En los tiempos de hoy, el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa vuela con motor propio.