«Si uno mira las cifras, de lo que ha ocurrido en el gobierno Petro, nosotros hemos documentado 48 casos desde que asumió el presidente»
Por: Hassan Nassar
Director Revista Alternativa
Juan Pappier es investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, una organización no gubernamental que constantemente pone la lupa al controversial tema de los derechos humanos. Cada informe que generan, por lo general, levanta ampolla o comentarios. Colombia ha sido una constante en su mirada durante décadas. Nuestro director, Hassan Nassar, charló con Pappier sobre un reciente informe que una vez más puso a Colombia en el radar por una escabrosa situación que parece no acabar: el asesinato de líderes sociales y defensores de DD. HH. También sobre otros aspectos.
Juan Pappier, División de las Américas de Human Rights Watch
Alternativa: Human Rights Watch hizo a principios de diciembre de 2022 una radiografía completa de derechos humanos de Colombia y Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Colombia en este momento?
Juan Pappier: en Colombia nuestra principal preocupación son los niveles de violencia que se están viviendo por distintos actores armados, tantos grupos armados organizados como grupos de crimen organizado, operan sobre todo en zonas rurales del país que han cometido asesinatos de defensores de derechos humanos, excombatientes, desplazamiento forzado, niveles de violencia que tristemente se están acercando a los que teníamos inmediatamente antes del proceso de paz con las FARC, que luego disminuyeron con ese proceso y hoy están volviendo a esos niveles tan preocupantes.
Hablemos de la “Paz Total”, la bandera del Gobierno Nacional donde se han puesto grandes expectativas, con un gran esfuerzo en una mesa de diálogo con el ELN y distintos actores, ¿cómo ven ustedes el marco de esta política?
Es interesante, un esfuerzo valioso, si se diseña e implementa adecuadamente puede traer buenas mejoras en materia de DD. HH. para estas comunidades que tanto han sufrido de la violencia, pero para que eso ocurra hacen falta aclarar algunos aspectos centrales. El primero, es que cualquier política de paz que funcione adecuadamente necesita una política sólida de seguridad que la respalde. Una política sólida de seguridad que proteja la población civil, que busque desmantelar los grupos armados y que genere incentivos para que esos grupos armados se sienten a la mesa de negociación de forma seria, a hacer concesiones y no simplemente a que pase el tiempo. Esa política de seguridad aún no existe en Colombia, sabemos que el gobierno actual está repensándola y creemos que es un aspecto clave que es fundamental para que la política de “Paz Total” funcione.
Otro aspecto central es hacer buenas distinciones, no es lo mismo hablar con ELN que hablar con una disidencia de las FARC o hablar con bandas criminales como las que existen en Buenaventura. Uno no puede tratar a todos esos grupos igual y hay que hacer distinciones claras, y tristemente, hasta ahora esa claridad en las distinciones no existe y eso genera incentivos difíciles, incentivos perversos en algunos casos, para que algunos grupos se quieran presentar como grupos políticos cuando no lo son o para que cometan abusos con la expectativa que eso les va a permitir un lugar en la mesa de negociación.
¿Cómo ve HRW los beneficios jurídicos que se quieren dar a los miembros de la Primera Línea que desarrollaron actos violentos durante las protestas del 2021, lo ven viable?
Hay tres cosas con las que hay que ser claros con este tema de los manifestantes que podrían ser liberados. La primera, es que debe haber justicia con las violaciones de DD. HH. que sufrieron todos los manifestantes, eso no puede quedar de lado en esta discusión, no ha habido avances serios para judicializar a los policías responsables de estos abusos que también deben ser judicializados al igual que aquellas personas que cometieron delitos graves durante el marco de las protestas.
El segundo es que nosotros hemos visto con preocupación algunos casos que se han iniciado contra manifestantes, por ejemplo, le hemos planteado a la Fiscalía que se estaba usando la figura de terrorismo de una forma excesiva, que el terrorismo es un delito que en el derecho internacional está reservado a algunos crímenes especialmente graves y no se puede usar para cualquier manifestante violento. Dicho esto, me preocupa que estén usando dos palabritas en la Ley de orden público.
Primera Línea Bogotá
¿Cuáles?
“Conflictividad Social”, dos palabras para abrir la puerta para que el presidente Petro pueda con el aval de su ministro de Justicia y otros ministros, liberar a quien él considere. Me parece que eso no es ser justo con la Ley, con la decisión del Congreso de aprobar esta Ley de orden público, me parece que es una interpretación casi un ‘mico’, que abre la puerta a algo que contradice principios básicos de la división de poderes, como es que la decisión sobre quienes están libres y quienes presos son decisiones que corresponden a los jueces y a la Fiscalía, no al Ejecutivo.
““Conflictividad Social”, dos palabras para abrir la puerta para que el presidente Petro pueda con el aval de su ministro de Justicia y otros ministros, liberar a quien él considere”
Hay un trino suyo del 8 de diciembre de 2022 que alerta sobre el asesinato de líderes sociales y defensores de DD. HH. en Colombia, los indicadores siguen y siempre algunos han señalado que era problema de un gobierno, ahora estamos en otro gobierno y los homicidios siguen. ¿Cuál es su lectura desde Human Rights Watch?
Este es un problema Hassan gravísimo, probablemente Colombia tenga las peores cifras a nivel mundial en materia de asesinatos de líderes sociales y defensores de DD. HH.
Estamos hablando que la Defensoría del Pueblo estima que cerca de mil defensores de DD. HH. o líderes sociales han sido asesinados desde 2016. Si uno mira las cifras, de lo que ha ocurrido en el gobierno Petro, nosotros hemos documentado 48 casos desde que asumió el presidente, que es una cifra similar a lo que ocurrió en los mismos meses del año 2021 y un poco inferior a la que existió en meses anteriores en 2022. Es un problema que no se resuelve con solo buenas intenciones de funcionarios del Estado, que de seguro las hay en el gobierno actual y de seguro en el gobierno anterior, es un problema que se resuelve con política pública, con una buena estrategia de seguridad que prevea las bases de la protección para todos los ciudadanos y también reformulando las políticas de protección y prevención que hoy existen en Colombia.
En Colombia nuestra principal preocupación son los niveles de violencia que se están viviendo por distintos actores armados
Hoy tenemos una «ensalada de mecanismos”, más de una decena de mecanismos distintos que no logran proteger a la ciudadanía de forma adecuada, sino que se vuelven una burocracia, una maraña imposible de descifrar para los líderes que necesitan protección. Nosotros creemos que lo que necesita hacer el gobierno Petro para enfrentar este problema tan grave es: diseñar una buena política de seguridad y empezar a aclarar, a reorganizar esta política de protección, a crear una unidad nacional de protección más pequeña y eficiente. Y, mecanismos de protección colectivos en distintas comunidades en riesgo para ir poco a poco frenando estos homicidios tan graves de defensores de DD. HH. en el país.
No es un problema que se resuelva fácilmente, no alcanzan las buenas voluntades, hay que tomar decisiones serias de política pública para frenar estos asesinatos.
“Estamos hablando que la Defensoría del Pueblo estima que cerca de mil defensores de DD. HH. o líderes sociales han sido asesinados desde 2016”
No ha habido avances serios para judicializar a los policías responsables de estos abusos
La indignación en Colombia parece haber bajado con este tema con estos crímenes atroces no importa el gobierno. ¿Era un contexto de indignación de campaña política? ¿Qué siente HRW al respecto de cómo ha cambiado la indignación en redes sociales y demás?
No lo sé, no nos corresponde a nosotros estar evaluando las intenciones de quienes publican o no, ni estar midiendo las redes sociales, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es documentar la situación de DD. HH. tal cual existe independientemente de cuál sea el color del gobierno de turno, sea el gobierno Duque o sea el gobierno Petro, o sea Maduro, o sea Nayib Bukele, sea quien sea nuestro trabajo es ser objetivos y presentar exactamente que es lo que está ocurriendo en el terreno en nuestra impresión basados en nuestra investigación y cómo se pueden solucionar esos problemas.
Creo ese es el mejor aporte que se puede hacer a la causa de los derechos humanos, es olvidarse de los colores de turno y documentar la realidad tal cual existe y denunciar y tratar de que mejore.