La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha recibido una solicitud de la Fiscalía General de la Nación para investigar a nueve congresistas por su presunta vinculación con una estructura ilícita en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta petición se enmarca en las investigaciones sobre irregularidades ocurridas durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez en dicha entidad.
La Fiscalía presentó dos archivos separados a la Corte Suprema. El primero, destinado al magistrado Francisco Farfán, contiene información sobre los congresistas Iván Name y Andrés Calle. El segundo, dirigido al despacho del magistrado Héctor Alarcón Granobles, involucra al representante Wadith Alberto Manzur y menciona a otros seis aforados: Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.
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Por razones de conexidad procesal, la Sala Especial de Instrucción ha decidido inicialmente investigar todos los hechos relacionados con los congresistas bajo el mismo radicado, a cargo del magistrado Alarcón Granobles. Esta decisión se fundamenta en la posible existencia de un fenómeno de corrupción administrativa en una entidad pública, ocurrido durante un período específico y con características similares en las presuntas conductas ilícitas. Esta medida, amparada en el artículo 90 de la Ley 600 de 2000, busca desarrollar una investigación penal concentrada para dar respuesta a hechos de interés público.