La Contraloría General de la República, mediante su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $87.027 millones. Este fallo se relaciona con las irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, firmado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUNTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como fin instalar internet en áreas rurales apartadas del país.
El proyecto, que contemplaba la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos, se vio afectado por el incumplimiento en la entrega de equipos necesarios para su ejecución. Según la Contraloría, esto impidió que el objetivo de brindar conectividad gratuita en estas zonas se cumpliera. "El incumplimiento de la entrega total de los equipos fue un factor clave que afectó los fines esenciales del Estado", señala el informe.
Tras analizar la información recopilada en el proceso de responsabilidad fiscal No. 80011-2021-39465, la Contraloría determinó que las firmas que integraban la Unión Temporal y su representante legal no ejecutaron el contrato en los términos acordados. Entre los incumplimientos, se destacó la presentación de una garantía bancaria falsa, sin la cual no se habría autorizado el contrato ni el desembolso del anticipo de $70.000 millones.
Además de la responsabilidad atribuida a la Unión Temporal, la Contraloría responsabilizó fiscalmente al representante legal de la empresa proveedora, debido a la omisión en la entrega de los equipos pactados. Por su parte, los miembros del consorcio interventor también fueron señalados por aprobar órdenes de pago sin verificar adecuadamente la documentación de respaldo.
En cuanto a los funcionarios del FUNTIC y el Ministerio TIC, la Contraloría falló sin responsabilidad fiscal, argumentando que actuaron conforme a la normativa vigente. En el caso de la representante legal delegada del FUNTIC, Adriana Meza, se determinó que no tenía conocimiento del incumplimiento hasta mayo de 2021. Asimismo, se estableció que la subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela, fue inducida en error por parte de los miembros de la Unión Temporal.