La Contraloría General de la República ha concluido una auditoría financiera del Ministerio del Interior para el año fiscal 2023, identificando un total de 28 hallazgos administrativos. De estos, 8 tienen implicaciones fiscales por un valor total de 9.115 millones de pesos, 14 son de carácter disciplinario, uno tiene connotación penal y 3 han dado lugar a indagaciones preliminares.
El hallazgo fiscal más significativo, que asciende a 7.940 millones de pesos y tiene además implicaciones disciplinarias, está relacionado con el incumplimiento en la ejecución del Convenio M-1039/2018. Este convenio tenía como objetivo la construcción del Comando Especial del Pacífico Sur de la Policía Nacional en el municipio de Maco, Nariño. La Contraloría señala que la entrega del Comando no se realizó dentro de los plazos establecidos, resultando en una obra inconclusa y en mal estado. El informe detalla que la estructura se encuentra abandonada y expuesta a la intemperie, lo que ha provocado un deterioro significativo, incluyendo la corrosión de estructuras de acero en el módulo H debido a factores atmosféricos.
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Otro hallazgo fiscal relevante, por un valor superior a 453 millones de pesos y también con incidencia disciplinaria, se refiere a irregularidades en los pagos relacionados con el contrato para la construcción del Comando de Policía del Departamento del Atlántico en Sabanalarga. La Contraloría identificó múltiples problemas, incluyendo pagos realizados sin el cumplimiento cabal del objeto y descripción contractual, pagos duplicados de actividades, pagos de ítems correspondientes a obligaciones particulares del contratista y costos específicos del rubro de administración del AIU, así como pagos de ítems clasificados erróneamente como obra cuando correspondían a suministro de servicios, lo que resultó en un aumento injustificado de su valor.
La auditoría también reveló otros hallazgos fiscales significativos. Se identificaron pagos inoportunos por parte de la Policía Nacional, correspondientes a pruebas y puesta en funcionamiento de software personalizado desarrollado por BYTTE SAS, por un valor de 297 millones de pesos. Además, se detectó un posible sobrecosto del 291.41% en la adquisición de planes de datos por parte de la Policía Nacional, cuantificado en 279.795.600 pesos.
En otro caso, relacionado con la construcción del proyecto SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCIÓN 1 en el Municipio de Cota (Cundinamarca), se comprobó la existencia de pagos por actividades no ejecutadas o ejecutadas parcialmente, así como clasificaciones erróneas de ítems que resultaron en aumentos injustificados de costos. Este último hallazgo generó un detrimento patrimonial al Estado por una cuantía de 69.886.467 pesos.