La Contraloría General de la República ha concluido una exhaustiva auditoría a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), revelando una serie de irregularidades que suman más de 28 mil millones de pesos en hallazgos fiscales. El informe, elaborado por la Contraloría delegada para el Sector Justicia, detalla 4 hallazgos con presunta incidencia penal, 30 con posible alcance disciplinario, 2 que requieren apertura de proceso administrativo sancionatorio y 1 con otra incidencia.
Entre los hallazgos más significativos se encuentra el manejo irregular de bienes bajo custodia de la SAE. La auditoría reveló que, de los 33.109 bienes inmuebles del FRISCO administrados por la SAE, solo el 18.07% posee contrato de arrendamiento, mientras que el 28.77% está desocupado y un alarmante 45.4% se encuentra bajo ocupación irregular. Esta situación ha resultado en 9 hallazgos fiscales por un valor de $16.151.443.650 en Medellín, Cali y Barranquilla.
La investigación también arrojó luz sobre casos específicos de mala administración de bienes. En la Sociedad Nuevo Amanecer, se identificaron dos hallazgos fiscales: uno por la venta de 15 caballos de paso fino por debajo de su valor comercial, resultando en una pérdida de $99.428.569, y otro por la inexplicable desaparición de 69 relojes avaluados en $1.302.873.969. Adicionalmente, en Montería y Bogotá, se reportó la pérdida de 31 taxis y partes de otros vehículos incautados, generando dos hallazgos fiscales por $1.945.753.900.
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La auditoría expuso deficiencias en la administración de bienes inmuebles, incluyendo la falta de actualización anual de cánones de arrendamiento y avalúos, pagos de servicios públicos sin identificación clara de los inmuebles beneficiados, incumplimiento en el pago de cuotas de administración por parte de arrendatarios, y la ausencia de pólizas vigentes para garantizar el pago de cánones. En la Regional de Occidente de la SAE, se detectó una omisión en la gestión de cobro de arrendamientos por aproximadamente $1.881.086.771.
Un hallazgo particularmente preocupante se dio en la Regional Suroccidente, donde se identificaron inmuebles administrados por la SAE en los que se llevaban a cabo presuntas actividades ilegales, como la fabricación de alcohol adulterado. Este caso resultó en un hallazgo fiscal por $1.339.079.545. Además, la SAE enfrenta fallos en su contra por $2.304.859.306 debido al no pago de cuotas de administración en diversas propiedades horizontales del país.
La auditoría también reveló la ocupación irregular de inmuebles por parte de los propios afectados en procesos de extinción, sin que la SAE haya tomado medidas efectivas para su recuperación. A pesar de haber suscrito un contrato de servicios logísticos integrales por $4.343.098.000 para procedimientos de desalojo, el 45.4% del total de los bienes a cargo de la SAE continúa en ocupación irregular.
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En cuanto a la sede principal de la SAE, se observó un incremento injustificado en el valor y la cantidad de metros cuadrados arrendados, lo que resultó en un presunto detrimento patrimonial de $2.465.346.670. Este hallazgo pone en evidencia posibles irregularidades en la gestión administrativa de la entidad.
Finalmente, la Contraloría señaló que, a pesar de las múltiples fallas en la gestión de bienes, la SAE ha aprobado comisiones a sus funcionarios desde 2021 por un valor de $6.591.805.436, basadas en el cumplimiento de metas de comercialización y arrendamientos. Este hecho plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para evaluar el desempeño y otorgar incentivos dentro de la entidad, considerando las deficiencias identificadas en su gestión general.