La Contraloría General de la República (CGR) ha llevado a cabo una Actuación Especial de Fiscalización para analizar el uso y destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES) a las EPS en 2020. Esta investigación también examinó la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas, utilidades y variaciones patrimoniales de las EPS.
El estudio abarcó 24 EPS, incluyendo entidades como Aliansalud E.P.S, Savia Salud EPS, Asmet Salud EPS S.A.S, y Nueva EPS S.A., entre otras. La CGR utilizó información de los estados financieros certificados por los representantes legales y dictaminados por revisores fiscales de cada EPS, correspondientes a los años fiscales 2019, 2020 y 2021.
Los hallazgos revelan que las EPS pagaron servicios de salud de años anteriores al 2020 con recursos de la UPC por $5.4 billones, fondos que tenían una destinación específica según la Constitución y la ley. Por ejemplo, la EPS S.O.S. pagó deudas por $86 mil millones de pesos correspondientes al período 2003-2015 con excedentes de la UPC de 2020, a pesar de que algunas obligaciones ya estaban prescritas o las acciones judiciales habían caducado.
También le puede interesar: El cese al fuego bilateral más largo con el ELN finaliza sin un acuerdo de prórroga
Se identificaron casos como el de NUEVA EPS, que pagó servicios de salud de años anteriores (2008-2015) por $62 mil millones con la UPC de 2020. Además, se detectaron excedentes por $643 mil millones en Presupuestos Máximos, destinados a financiar enfermedades, medicamentos y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud.
La investigación también reveló mayores valores pagados por $5.3 billones, resultantes de la diferencia entre lo facturado por servicios prestados y lo pagado. Por ejemplo, en NUEVA EPS se evidenciaron pagos sin soportes por $2.1 billones, y en EPS FAMISANAR por $643 mil millones.
Se detectaron pagos que no guardan relación con los servicios de salud. NUEVA EPS, por ejemplo, accedió a créditos bancarios por $3.9 billones entre 2019 y 2021, de los cuales $40 mil millones se destinaron a gastos como honorarios de junta directiva, vales de gasolina, clases de yoga y pilates, entre otros, incluyendo intereses pagados con recursos de la UPC.
Como resultado de la Actuación, se obtuvieron 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal por $6 billones, 37 con presunta incidencia penal y disciplinaria, y 24 hallazgos para apertura de Indagaciones Preliminares por $5.3 billones. Además, se realizarán 37 traslados a diversas autoridades competentes, incluyendo la Superintendencia Nacional de Salud y la Contaduría General de la Nación.