La Contraloría General de la República alertó sobre el posible riesgo de racionamiento de energía y la interrupción del servicio en varias regiones de Colombia debido a retrasos en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio eléctrico. La entidad advirtió que más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada) podrían verse afectadas si no se toman medidas inmediatas.
Según la información de la Contraloría, los retrasos en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía, con presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, son una de las principales causas del riesgo de racionamiento. La situación también está vinculada a la falta de reembolso a los prestadores de servicio por los recursos no recaudados bajo la “opción tarifaria” implementada durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares.
La Contraloría señaló que el control y vigilancia sobre la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de energía recaen en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, estas entidades no han tomado acciones ante la situación actual, a pesar de su gravedad. En este contexto, el Contralor General instó al Gobierno y a las superintendencias a actuar de manera oportuna para prevenir afectaciones a las comunidades.
Otro factor que contribuye al riesgo de interrupciones en el servicio es el incumplimiento de las obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía. Este incumplimiento podría llevar a limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores, afectando principalmente a las empresas de la Costa Caribe. La Contraloría enfatizó que estos problemas pueden impactar no solo el servicio de energía, sino también sectores clave como la salud, educación, comercio y acueductos.
La Contraloría también recordó su pronunciamiento anterior sobre la importancia de la seguridad y confiabilidad energética en el país. En estudios realizados en 2022 y en el presente año, se identificaron retos persistentes, incluyendo la necesidad de giros oportunos de subsidios y el pago de consumos de usuarios, incluidas entidades públicas a nivel municipal y departamental. La sostenibilidad del servicio de energía depende de la solución de estos problemas.
Finalmente, la Contraloría subrayó la responsabilidad de las autoridades locales en la asignación adecuada de recursos para el pago de servicios públicos. La falta de presupuesto suficiente para este fin puede constituir una falta disciplinaria contra la hacienda pública. Por ello, se realizarán los traslados correspondientes a la Procuraduría General de la Nación para determinar las responsabilidades disciplinarias.