Con una votación de ocho a uno, el CNE tomó la decisión de archivar la ponencia que intentaba abrir una investigación contra el presidente Petro. La propuesta del magistrado Alfonso Campo alegaba que el presidente no cumplió con el artículo 24 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, que regulan la propaganda electoral anticipada antes de las elecciones presidenciales.
Campo, quien representa al Partido Conservador, argumentó que las supuestas irregularidades se cometieron tras el evento de la ‘P’ en Barranquilla, llevado a cabo el 10 de septiembre de 2021. Este evento fue señalado como un punto clave en el que se habría violado la normativa electoral.
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La investigación del CNE, liderada por el magistrado Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán del Centro Democrático, concluyó que la campaña de Petro superó los límites de financiamiento en más de 5.300 millones de pesos (aproximadamente 1,27 millones de dólares). Además, la investigación reveló que la campaña recibió aportes de personas jurídicas, lo cual está prohibido por la ley electoral.
Durante la primera vuelta electoral, se habría excedido el límite en 3.700 millones de pesos (cerca de 888.650 dólares), y se identificaron siete violaciones, incluyendo la omisión en reportar un aporte de 500 millones de pesos (120.000 dólares) del sindicato de educación Fecode y otro aporte del mismo monto del partido Polo Democrático.
Xavier Vendrell, un político catalán vinculado al ‘procés’ catalán y cercano a Petro, también fue mencionado en las irregularidades. Se le acusó de no haber reportado el pago a testigos electorales durante la campaña. Aunque Vendrell trabajó como responsable de los testigos electorales y estratega de la campaña de Petro, el presidente ha negado cualquier relación contractual vigente con el expolítico catalán.