En el Congreso de la República se debatirá un proyecto de ley que tiene como objetivo regular el uso de las OPS (Órdenes de Prestación de Servicios) en el sector público. Esta modalidad de contratación ha sido utilizada históricamente para suplir vacíos en las plantas de personal, pero ha sido criticada por contribuir a la precarización laboral y la falta de derechos para los trabajadores contratados bajo este esquema.
El autor del proyecto, el representante Agmeth Escaf, destacó la necesidad urgente de regular estas relaciones laborales para garantizar condiciones justas para los contratistas.
“Hoy miles de contratistas cumplen horarios, desempeñan funciones permanentes, pero no tienen vacaciones, licencias de maternidad ni estabilidad. Eso debe terminar”, afirmó Escaf.
La iniciativa que se radicará el lunes 02 de diciembre, busca dar solución a esta problemática, que afecta a un gran número de trabajadores del Estado.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la actualización periódica de las plantas de personal de las entidades públicas. Esto permitiría reducir la dependencia de las OPS a través de estudios de cargas laborales. Además, se creará una Comisión Multisectorial encargada de garantizar la transparencia y el seguimiento de las contrataciones públicas.
El proyecto también aborda medidas para evitar los despidos arbitrarios y garantizar derechos laborales básicos, como descansos remunerados y pagos puntuales. Se establece un plazo máximo de 30 días para el pago de honorarios a los contratistas, una medida que busca dignificar las condiciones laborales y evitar abusos por parte de las entidades públicas.
Entre las propuestas adicionales, se contempla la creación de una línea especial de crédito y ahorro para los contratistas, administrada por el Fondo Nacional de Ahorro. Esta iniciativa busca brindarles acceso a recursos para educación y vivienda, lo que contribuiría a mejorar su calidad de vida y estabilidad financiera. También se reconoce el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva, lo que permitiría a los contratistas organizarse y defender sus derechos.
El abuso de las OPS también ha generado un impacto económico significativo. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta modalidad de contratación ha originado más de 18.000 demandas activas, lo que podría costarle al país más de 1,4 billones de pesos. El congresista Escaf subrayó que regular esta figura no solo beneficia a los trabajadores, sino que también protege el patrimonio público.
“No podemos seguir permitiendo que el Estado pierda billones por no cumplir con los derechos básicos de quienes le sirven”.