En un reciente fallo judicial, el juez cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena (Bolívar) avaló el preacuerdo entre Francisco Luis Correa Galeano y la Fiscalía General de la Nación. Este acuerdo implicó la aceptación de responsabilidad por parte de Correa en los delitos de porte ilegal de armas y amenazas a servidor público. Como resultado, fue condenado a seis años y seis meses de prisión.
El caso se centra en el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, Cartagena, mientras este se encontraba de luna de miel con su esposa. Pecci, reconocido por su labor contra el crimen organizado en Paraguay, fue asesinado en un ataque premeditado que conmocionó a la comunidad internacional.
Francisco Correa Galeano fue identificado como el principal orquestador del crimen. Durante su captura en 2023, Correa amenazó a varios funcionarios judiciales, lo que llevó a la formalización de cargos adicionales en su contra.
La negociación entre Correa Galeano y la Fiscalía incluyó su compromiso de aceptar la responsabilidad y reparar a las víctimas. Durante el proceso, se reveló que Correa amenazó a dos servidores públicos, Mary Cruz Navarro y José Luis Sepúlveda. Ambos fueron reparados simbólicamente y económicamente como parte del acuerdo.
El fiscal del caso, Mario Burgos, destacó la importancia de la reparación a las víctimas y la aceptación de responsabilidad por parte de Correa. El juez, en su fallo, condenó a Correa Galeano a una pena de 78 meses de prisión por los delitos de porte ilegal de armas y amenazas a servidor público.
La decisión del juez no solo consolida la culpabilidad de Correa en este caso específico, sino que también refleja un esfuerzo continuo por parte de las autoridades colombianas para hacer justicia en el asesinato de Marcelo Pecci.
Este fallo confirma los informes de 2023 que revelaron las amenazas recibidas por varios funcionarios judiciales involucrados en la investigación del asesinato de Pecci. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y otros expertos han subrayado la gravedad de la situación, destacando la necesidad de una respuesta firme por parte del sistema judicial para proteger a sus funcionarios y mantener la integridad de las investigaciones.