La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha presentado un informe que revela la preocupante situación de violencia que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en zonas de Colombia donde operan grupos armados ilegales. El documento señala que en estas áreas, las personas con orientaciones sexuales diversas, expresiones y/o identidades de género diversas enfrentan un mayor riesgo de ser amenazadas, asesinadas, desplazadas o abusadas sexualmente. La región Caribe se identifica como una de las más afectadas, con casos reportados de abuso sexual contra hombres que no cumplen con el pago de extorsiones a grupos armados ilegales.
El informe destaca una práctica de violencia sexual que ha permanecido oculta y que se ha intensificado en los últimos meses. Según la UIA, esta práctica está "relacionada principalmente con estructuras del crimen organizado aliadas al Clan del Golfo, y que consiste en abusar sexualmente de hombres que son señalados de incumplir con el pago de extorsiones".
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Las estadísticas presentadas por la UIA son alarmantes. Entre enero de 2020 y el 30 de junio de 2024, se registraron 159 homicidios selectivos contra personas que se identificaban como diversas. Esto significa que, en promedio, cada diez días se asesinó al menos a una persona por razones relacionadas con su expresión, orientación o identidad de género. La UIA señala que esta frecuencia de violencia letal es comparable con los homicidios de líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y feminicidios.
El informe identifica a las estructuras sucesoras del paramilitarismo, especialmente las bandas y grupos al servicio del Clan del Golfo, como los principales perpetradores de violencia contra la comunidad LGBTIQ+. Se destaca que estas organizaciones, además de sus actividades criminales económicas, invierten recursos considerables en regular el cuerpo y la sexualidad de los civiles en los territorios que controlan. El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo es señalado como presunto responsable de numerosos hechos contra esta población.
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La imposición de normas contra la diversidad sexual y de género por parte de estos grupos armados se manifiesta de diversas formas. En 43 municipios del país, las estructuras armadas buscan imponer manuales de convivencia que prohíben expresiones que se aparten de la heterosexualidad y la concepción tradicional de familia. Además, utilizan panfletos y mensajes de WhatsApp para difundir amenazas contra la población LGBTIQ+, creando un ambiente de terror y discriminación.
La UIA ha documentado casos específicos de abuso sexual en varias ciudades y municipios de Colombia, incluyendo Buenaventura, Tumaco, Barranquilla, Soledad, Montería, Barrancabermeja y Rionegro. En estos lugares, miembros de estructuras criminales abusan sexualmente de sus víctimas, utilizando como pretexto el castigo por el no pago de extorsiones. El informe señala que estas agresiones se dirigen principalmente a hombres, aprovechando el contexto de cobro generalizado de extorsiones en barrios para cometer estos actos de violencia sexual.