El presidente Gustavo Petro se dispone a sancionar la reforma pensional, mientras congresistas del Centro Democrático anuncian acciones jurídicas para impugnar la iniciativa gubernamental. Los parlamentarios de oposición argumentan que durante el proceso legislativo se presentaron vicios de inconstitucionalidad que, en su opinión, justifican la presentación de una demanda ante las autoridades competentes.
El Director Nacional del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, explica las razones por las cuales el partido presenta demanda de inconstitucionalidad contra la Reforma Pensional. Nos oponemos a una reforma con graves vicios en el trámite legislativo, que pone en riesgo las pensiones de los colombianos y que es insostenible fiscalmente".
La senadora Paloma Valencia se sumó a las voces críticas, calificando la reforma como 'herida de muerte' debido a los supuestos vicios en su trámite. Valencia anunció "presentaré una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional del gobierno de Petro. En la Cámara eludieron el debate y establecieron un régimen pensional que afecta al 41% de los colombianos, además de imponer impuestos a las pensiones de algunos ciudadanos". La parlamentaria expresó su preocupación por lo que considera riesgos para el ahorro pensional y una potencial "deuda impagable" para las generaciones futuras.
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Miguel Uribe, otro senador del Centro Democrático, respaldó la decisión de impugnar la reforma. El legislador argumentó que la acción legal se basa en el "respeto al principio democrático y al proceso legislativo", los cuales, según él, fueron vulnerados durante la aprobación en la Cámara de Representantes. Uribe enfatizó que la demanda busca "proteger el orden constitucional y asegurar que las leyes sean promulgadas de manera justa y con el debido escrutinio público y parlamentario".
La bancada del Centro Democrático también cuestiona la viabilidad financiera de la reforma. Los congresistas advierten sobre una posible "insostenibilidad fiscal y afectación a derechos pensionales", argumentando que la implementación de la ley "podría tener efectos irremediables en el sistema pensional colombiano y la sostenibilidad fiscal del país". Por esta razón, anticipan que la acción de inconstitucionalidad incluirá una solicitud de medidas excepcionales para suspender provisionalmente la aplicación de la ley, con el fin de prevenir lo que consideran potenciales daños al sistema pensional.