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Casa de Nariño anuncia mesa técnica anticorrupción pero no menciona la "Lista Pinilla"

Una de las prioridades del Gobierno Nacional es el combate contra la corrupción en todas sus formas.

En línea con esta convicción, se han anunciado de parte del Gobierno una serie de medidas destinadas a identificar, documentar y combatir cualquier indicio de corrupción, con el fin de facilitar la labor independiente y efectiva de la Fiscalía General de la Nación, pero omite dar alguna explicación sobre las revelaciones dadas por Sneyder Pinilla, sobre los dineros entregados al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Una de las prioridades del Gobierno Nacional es el combate contra la corrupción en todas sus formas. En este sentido, el Presidente Petro ha ordenado la creación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de coordinar acciones para documentar casos de mal uso de recursos públicos. Este grupo de alto nivel estará presidido por una dependencia especializada y contará con la participación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y auditores externos especializados.

La Mesa Técnica buscará establecer una estrecha colaboración con la embajada de los Estados Unidos en Colombia, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información, especialmente en la identificación de capitales internacionales derivados de actos de corrupción.

Además, el Gobierno ha solicitado la colaboración de otros órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, quienes acompañarán la iniciativa para garantizar la independencia y competencia en la supervisión y control de las actuaciones gubernamentales.

La Agencia Nacional de Defensa Judicial desempeñará un papel fundamental al prestar toda la colaboración necesaria a la Fiscalía General de la Nación desde su competencia.

La Mesa Técnica también se encargará de que el Gobierno adopte un esquema de buenas prácticas de integridad corporativa, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares éticos y la colaboración plena con las autoridades competentes para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas del gobierno.

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