En un contexto marcado por la baja ejecución presupuestal y la salida de dos viceministras clave, el Ministerio de Igualdad, una de las promesas destacadas del gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un escrutinio crítico sobre su desempeño y eficacia.
La renuncia de la viceministra para las Poblaciones y Territorios Excluidos, Luz María Múnera, y de la viceministra de Mujeres, Diana Gómez Correal, ha dejado al ministerio con solo dos líderes para gestionar un presupuesto que apenas ha ejecutado el 0,48 % en los primeros tres meses del año 2024. Este bajo rendimiento presupuestal ha generado preocupación, especialmente considerando el alto perfil y las expectativas del Ministerio en la lucha contra las desigualdades.
Las dimisiones se suman a otras salidas de funcionarios clave en semanas recientes, lo que agrava la situación y genera incertidumbre sobre la capacidad del Ministerio para cumplir con su mandato. Además, la lenta ejecución presupuestal plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas y programas destinados a abordar las brechas económicas, raciales y de género en el país.
El debate sobre el desempeño del Ministerio se intensifica aún más ante la proximidad de un control político en la Cámara de Representantes, donde se cuestionará sobre los avances y resultados del Ministerio desde la promulgación de la Ley 2281 de 2023 y el Decreto 1075 de 2023.
A pesar de haber recibido un presupuesto significativo, la ejecución presupuestal se ha centrado principalmente en el funcionamiento interno del Ministerio, dejando pendientes los compromisos de inversión destinados a fortalecer la igualdad y el bienestar de los grupos en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, la gestión del Ministerio de Igualdad se presenta como un desafío para el gobierno de Petro, en medio de otras tensiones políticas y reformas en curso. La capacidad del Ministerio para abordar las desigualdades estructurales y promover la inclusión social será crucial para evaluar su impacto en el marco de la administración actual.