La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha expresado su preocupación ante lo que considera una persecución por parte del Gobierno, luego de que el presidente Gustavo Petro calificara a los transportadores como "golpistas y militantes políticos". La ACC ha señalado que estas afirmaciones ponen en riesgo la seguridad de sus dirigentes gremiales y responsabilizan al presidente por cualquier incidente que pueda ocurrirles.
En un comunicado, la ACC destacó que el Gobierno ha incumplido el compromiso de revisar la fórmula para el precio del ACPM. Según la asociación, en lugar de una revisión, se ha decretado un aumento en el costo del combustible desde el 31 de agosto de 2024. "El gobierno Nacional [...] decretó el aumento del precio del ACPM, incumpliendo lo acordado con el presidente de la República en el mes de agosto de 2022", se lee en el pronunciamiento.
La ACC también manifestó que el incremento en el precio del ACPM tendrá un impacto directo en el costo de vida de los colombianos y en la economía de las familias transportadoras. La asociación señaló que el aumento del precio del combustible no solo afectará a los transportadores, sino también a la canasta familiar de millones de personas en el país. Además, cuestionó la efectividad de la Superintendencia de Transporte en la vigilancia de las relaciones económicas dentro del sector.
En respuesta a las declaraciones del presidente Petro en redes sociales, la ACC rechazó categóricamente la estigmatización de su gremio. Según el comunicado, "RECHAZAMOS de manera categórica la estigmatización que el gobierno nacional está realizando en contra de nuestra agremiación". La asociación subrayó que estas acusaciones podrían llevar a una persecución de sus integrantes y solicitó la intervención de organismos de derechos humanos para proteger a sus directivos.
La ACC, con más de 28 años de existencia y numerosas protestas realizadas a lo largo de distintos gobiernos, afirmó que esta es la segunda ocasión en que siente persecución estatal. En su comunicado, la organización aseguró que sus miembros no cuentan con las garantías necesarias para ejercer su derecho a la protesta pacífica y que las recientes declaraciones gubernamentales los han obligado a abstenerse de participar en manifestaciones futuras.