El caos legal que ha rodeado el caso Aquarela, pone de manifiesto —de manera cruda y abstracta— la complejidad y presuntas corruptelas de un sistema administrativo y legal tan elefantiásico como impredecible. A diferencia de los temas más mediáticos que suelen polarizarse entre “buenos” y “malos”, este proyecto parece dejar únicamente perdedores a lo largo de su tortuoso camino.
Todo inicia con la muy polémica circular del 10 de diciembre de 2013 emitida por la Secretaría de Planeación Distrital, misma que sirve de base para que la Curaduría No. 1 de Cartagena de vía libre al licenciamiento de construcción bajo Resolución No. 0595 del 28 de diciembre de 2015, a la Sociedad Inmobiliaria Chal S.A.S. Desde este punto comienzan los cuestionamientos porque, para el Ministerio de Cultura (demandante), la Alcaldía se tomó atribuciones legales que no le competen al interpretar, bajo un supuesto vacío legal, temas relacionados con proyectos VIS.
En concreto, la circular desconoce por razones todavía ocultas, la influencia del proyecto en el centro histórico de la ciudad según el artículo 471 de P.O.T. Ahora bien, para el Instituto de Patrimonio y Cultura del Distrito-IPCC, bajo oficio IPC-OFI-0000652-2015 del 4 de mayo de 2015, este proyecto tampoco ejercía influencia a la zona circundante del castillo; salvo por 200 metros que debían conciliarse y corregirse para que todo fuese “perfecto”.
Avanzado en el tiempo, exactamente para el 12 de septiembre de 2016 bajo Resolución No. 0470 proferida por la misma Curaduría, es cuando aparece la empresa protagonista; Promotora Calle 47 S.A.S., entidad identificada con N.I.T 900737469-9 que fue fundada en el año 2014 y su sede principal está en Medellín. En este mismo año, el IPCC, reversa su oficio y emite el IPC-OFI-0001277-2016 donde solicita la intervención del MinCultura por los riesgos al patrimonio que significa el proyecto.
El ministerio actúa de inmediato y se decanta por la vía judicial sin demoras. Es ahí donde consigue la primera medida cautelar que frena en seco el proyecto en el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito, al dejar sin piso la resolución de la licencia; pasado otro año, esta medida es confirmada el 6 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
En estos ires y venires aparece Icomos, misión de la Unesco que tiene como objetivo promover la conservación, protección, uso y puesta en valor de monumentos, conjuntos construidos y sitios.
En una visita técnica entre el 12 y el 15 de diciembre de 2017 al Puerto, Fortalezas y Conjunto de Monumentos de Cartagena, desarrolló un informe y planteó una serie de recomendaciones, las cuales son; primero, la propiedad todavía mantiene los atributos que sostienen su valor universal excepcional; segundo, el proyecto multifamiliar de múltiples torres Aquarela y el proyecto del Hotel Santa Catalina son evidencia de dos de las principales amenazas que se ciernen sobre la misma y; tercero, la necesidad urgente de concluir y aprobar los Planes Especiales de Protección y Gestión, delimitar las zonas de protección y generar una mayor sinergia entre la nación y el distrito involucrados en la administración.
Este informe es el argumento central que toma el Juzgado Décimo Segundo Administrativo Oral del Circuito para dar como probada la afectación que el proyecto causaría al castillo, dando como parte de la sentencia del 31 de marzo de 2023, la demolición total de lo construido; siendo solidarios en los costos tanto a la alcaldía como a la empresa.
Pero la cosa no acaba ahí
Formalmente este revuelo tiene los siguientes procesos activos: la Acción Popular del MinCultura que cursa ahora en segunda instancia, una acción de nulidad por parte de la Procuraduría, un proceso penal por parte de la Fiscalía, un proceso policivo y una reparación directa que la constructora interpuso contra el Estado colombiano por los daños causados al otorgar y después revocar las licencias de construcción que, según abogados de la firma, se otorgaron y perfeccionaron conforme a la Ley.
Los números también dan miedo, solo en la demolición de los construido van once mil millones que los contribuyentes cartageneros asumirán, aunque la alcaldía ha confirmado que se lo cobrará a la empresa, ello no es tan plausible ya que, como precisa el fallo, el ayuntamiento es solidario en todo este desastre.
Y es que parece ser común que Cartagena viva en estado de permanente de caos y litigios frente al sector inmobiliario, porque Aquarela solo se adiciona a la lista de grandes fracasos como el caso del Hotel Hilton donde se le permitió construir en terreno que antes era mar o el lamentable Portales de Blas de Lezo II, el cual colapsó el 27 de abril de 2017 y dejó un saldo 21 fallecidos y varios heridos.
En última instancia, el futuro de las inversiones de las 400 familias que apostaron por el proyecto sigue siendo incierto. Sus sueños de un hogar propio o de un negocio próspero se han visto devorados por el caos estatal que, con presteza, quita y pone licencias sin al son que le guste.