Por: Miguel Tunjano.
La actual política de drogas que contempla oxígeno para comunidades afectadas y asfixia para el narcotráfico se resume en la transformación de las condiciones económicas, sociales y culturales de los territorios rurales; y atacar los nodos estratégicos del sistema criminal que generan violencia y se lucran de economías ilícitas.
La transformación y el desarrollo integral de los territorios rurales es un alcance de una política agraria, presenten o no cultivos ilícitos, que debe incorporar programas especiales en áreas afectadas por el narcotráfico y la violencia.
Así mismo, la irrupción de los nodos estratégicos generados por la delincuencia organizada que sostiene el sistema criminal es inherente de una política criminal.
Con el actual discurso político que la guerra contra las drogas ha fracasado y que se busca cambiar el enfoque de las anteriores políticas de drogas, entrando en la competencia de las políticas agrarias y criminales, sumado a la desaparición de la erradicación de cultivos ilícitos y la neutralización de las organizaciones narcotraficantes, se debe analizar si es pertinente implementar una política de drogas, como la actualmente formulada.
Cabe mencionar, que dentro de la actual política de drogas hay una pieza suelta que juega un papel importante en la transformación de los territorios, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado mediante el Decreto 896 del 2017, y que tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito. Pieza que debe estar alineada con la política rural.
Es pertinente considerar que sin condiciones de seguridad en los territorios es imposible la materialización de una política rural y la posterior transición gradual hacia economías licitas, la reciente historia reseña el asesinato de lideres sociales que promovían el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); además que, las condiciones de mercado que imponen las organizaciones criminales son más competitivas que las ofrecidas por los programas gubernamentales.
Los actores armados ilegales en los territorios imponen condiciones que aventaja los programas de sustitución, al garantizar la compra de la hoja y/o base de coca en el cultivo y el pago coca en efectivo. Además es importante resaltar, que si hipotéticamente se logra eliminar y sustituir los culitos ilícitos, los grupos criminales transitaran hacia otras actividades ilícitas que remplacen las finanzas para mantener el control territorial, como la minería, tráfico de especies, secuestros y extorsiones.
La actual negociación con los grupos armados ilegales que se financian del narcotráfico, no deben estar por fuera del radar de la política criminal, la historia ha demostrado que el efecto de estos procesos conllevan a mutaciones y fragmentaciones de los actores criminales y finalmente se llegará nuevamente a un resultado no deseado de continuidad de la problemática social y criminal.
Es claro que la política criminal es tan importante como la rural y deben estar alineadas y complementadas para transformar el territorio hacia economías competitivas y sostenibles, desterrando los grupos armados ilegales y las vulnerabilidades que no permiten cambios reales y significativos, que las políticas de drogas no han logrado consolidar.