Incertidumbre y decepción se respiran en tres corregimientos de la llamada Alta Guajira, luego de saber que tres plantas desalinizadoras, destinadas a proporcionar el anhelado acceso al agua potable, pasarán al olvido burocrático por decisiones de altos funcionarios de la administración Petro que no han podido cumplir con la tarea.
Irraipa, Puerto Estrella y Bahía Honda, tres lugares clave para el pueblo Wayúu, fueron escogidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras años de estudios, como sitios esenciales para que los miles de guajiros diseminados en ese gran desierto tuvieran acceso al agua. Las autoridades ancestrales afirman que desde 2018 han estado impulsando iniciativas que finalmente tuvieron eco en 2023 bajo la dirección de Olmedo López, quien ha sido acusado de corrupción.
López fue destituido tras demostrarse que, junto a Sneyder Pinilla y otros involucrados, compró carrotanques para La Guajira con miles de millones en sobrecostos. Estos vehículos están actualmente parados en una guarnición militar de Uribia, adquiridos bajo la excusa de la emergencia para acatar la sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales respecto a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayúu en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
Antes de estallar el escándalo de los carrotanques, el director López se dio cuenta de que estos vehículos no podían cubrir toda la zona y enfrentaban un problema aún mayor: no tenían dónde ser cargados con agua. Por esta razón, se buscaron empresas expertas para construir tres plantas desalinizadoras que produjeran miles de litros de agua al día, proporcionando dignidad y capacidades agrícolas a miles de guajiros en una zona de difícil acceso. El contrato fue asignado a la firma Tecnoaguas SAS, una compañía con más de 30 años de experiencia, por un valor que superó los 42 mil millones de pesos.
Para David Rodríguez Viloria, autoridad tradicional Kulesiamana de Irraipa, los problemas de la UNGRD no pueden detener una solución que han esperado por muchos años. “El presidente Petro nos prometió agua; no tenemos la culpa de lo que ha pasado y esperamos que las plantas se construyan. Vemos con preocupación que vino personal técnico y no pueden seguir porque la UNGRD no autoriza el ejercicio, y con este actuar nos siguen vulnerando nuestros derechos fundamentales”.
Rodríguez Viloria, junto a otros dos líderes de Puerto Estrella y Bahía Honda, radicaron ante la Procuraduría General de la Nación un derecho de petición para que se intervenga con urgencia y prioridad, y se haga que la UNGRD cumpla con los contratos firmados, que se encuentran en más del 30 % de ejecución. Sin embargo, se ha conocido que el subdirector Ricardo Hurtado ha solicitado, por orden del director Carrillo, la suspensión total del contrato con Tecnoaguas, decisión que habrían tomado sin medir las consecuencias jurídicas y la indemnización multimillonaria que deberá pagar el Estado colombiano, dejando a las comunidades Wayúu sin centros de abastecimiento de agua.
Tecnoaguas, a través de su vocero, Luis Alberto Rodríguez, gerente general de operaciones, ha informado que han cumplido con todas las obligaciones contractuales con la UNGRD para la construcción y puesta en marcha de las plantas desalinizadoras en Irraipa, Puerto Estrella y Bahía Honda, actuando con total transparencia y participando en todos los comités y planes de seguimiento del proyecto.
“Las plantas para Irraipa, Puerto Estrella y Bahía Honda han sido diseñadas para marcar un hito en la ingeniería colombiana, funcionando al 100 % con energía solar y con un costo acorde a una solución a largo plazo, con una capacidad increíble de producción de miles de litros diarios de agua potable en lugares en diseñados para la comunidad. Estos centros de abastecimiento fueron acordados con la comunidad, e incluso en terrenos donados, como en el caso de Puerto Estrella. Planteamos además a la UNGRD correcciones para evitar errores en la ubicación de las plantas y garantizar su funcionamiento pleno. Tecnoaguas tiene renombre y responsabilidad social; sabemos que estamos siendo afectados a pesar de cumplir y de usar nuestros propios recursos. Hemos colaborado con todo y estamos listos para actuar en lo que corresponda”, puntualizó Rodríguez.
Por ahora, lo único cierto es que los guajiros seguirán esperando a que otro Gobierno les solucione la eterna problemática del agua, que en esta ocasión no pudieron resolver los delegados de Petro debido a acciones erróneas, corruptas y, lo que es peor, a un desconocimiento absoluto de una región con la que han hecho mucha campaña política, pero a la que le fallaron primero con el decreto legislativo 1085 de 2023, que declaró un estado de emergencia, luego con Olmedo López y ahora paralizando proyectos en curso que los Wayúu han esperado durante demasiado tiempo mientras en el Congreso se libra una batalla entre partidos para lograr un control del agua en La Guajira.