Miércoles, 04 de diciembre de 2024 Suscríbase
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Procuraduría General de la Nación

Alerta en el sector Salud: Procuraduría reveló embargos ilegales a recursos de hospitales públicos

La Procuraduría General de la Nación ha implementado medidas para abordar irregularidades en la gestión de recursos de la seguridad social en salud, que han incluido embargos ilegales a hospitales públicos. La Procuraduría ha trasladado estos casos a varias entidades para investigar y sancionar a los responsables.

Foto:Alternativa/Hansel Vasquez

La Procuraduría General de la Nación ha anunciado acciones para combatir irregularidades en la administración de recursos destinados a la seguridad social en salud. Estos fondos, que son inembargables según la Constitución salvo excepciones específicas definidas por la Corte Constitucional, están siendo objeto de embargos ilegales, según la Procuraduría.

El órgano de control afirma que algunos jueces y representantes legales de hospitales públicos, conocidos como Empresas Sociales del Estado (ESE), estarían incumpliendo la normativa al ordenar embargos indebidos. Los casos han sido enviados a la Fiscalía, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al operador disciplinario para su revisión.

La Procuraduría identificó una lista de hospitales afectados por estos embargos ilegales, que incluye el ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, entre otros. En total, se han señalado diversos hospitales en distintas regiones del país que están enfrentando esta problemática.

De acuerdo con la Procuraduría, una Circular emitida en marzo de 2023 recordaba a jueces y directores de hospitales que estos recursos no pueden ser embargados. A pesar de esto, algunos han continuado con trámites irregulares y han llegado a amenazar a bancos que se han negado a realizar los embargos.

Los recursos de la seguridad social en salud son administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la ADRES, y su uso indebido podría poner en riesgo el servicio médico para millones de personas. Además, la Procuraduría ha indicado que algunos abogados están asesorando a directivos de hospitales para realizar cobros ilegales, con comisiones de hasta el 30% sobre las sumas recaudadas.

La Procuraduría ha solicitado a la Superintendencia Financiera que proteja a las entidades bancarias afectadas por estas amenazas y que evite la ejecución de medidas que desvíen estos recursos esenciales. La investigación busca sancionar a los responsables y detener la apropiación indebida de dinero público destinado a la salud.