El debate político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes sobre el decreto 044, que establece reservas naturales temporales y ha generado preocupación en el sector minero, ha sido el centro de atención en el ámbito ambiental y minero en Colombia.
El decreto, firmado el 30 de enero, responde a una sentencia del Consejo de Estado que busca coordinar la otorgación de licencias para la explotación minera y proteger áreas de importancia ambiental. Establece reservas temporales en las que se prohíbe la actividad minera hasta que se realicen estudios para determinar su compatibilidad con el medio ambiente. Sin embargo, ha generado preocupaciones en el sector minero por la posibilidad de suspender la actividad durante un período de hasta cinco años, prorrogables por otros cinco.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, ha expresado su preocupación por la supuesta arbitrariedad en la definición de estas reservas y el impacto en la inversión en el sector. Por su parte, el procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, Gustavo Guerrero, ha señalado un posible uso indiscriminado del principio de precaución en la redacción del decreto.
El debate en el Congreso ha permitido a los representantes del Gobierno aclarar que el decreto no implica una moratoria minera y que se basa en criterios técnicos para definir las áreas de reserva temporal. La ministra de Ambiente ha destacado la necesidad de socializar mejor el contenido del decreto y asegura que se expedirán actos administrativos para delimitar las zonas de reserva una vez se complete el proceso de estudio.
A pesar de estas aclaraciones, persisten inquietudes en el sector minero y llamados a revisar y modificar el decreto para evitar interpretaciones ambiguas. Las demandas de nulidad presentadas ante el Consejo de Estado también están siendo consideradas, lo que indica que el debate sobre el decreto y su impacto en la industria minera colombiana continuará en el futuro próximo.