El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1231 de 2024, que regula el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Según el decreto, los uniformados “no podrán usar medidas extremas, como la fuerza potencialmente letal, para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resultan inferiores a la vida”.
La normativa, firmada también por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue expedida el 3 de octubre y aplica a todo el personal uniformado de la Policía Nacional. Esta regulación establece que el uso de la fuerza debe estar orientado a la protección de los derechos y deberes humanos, así como a la seguridad y convivencia ciudadana.
El decreto señala que la fuerza solo podrá ser utilizada de manera “necesaria, proporcional y racional” cuando sea imprescindible para cumplir con un fin legítimo en la aplicación de la ley. Esto implica que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no pueden usar más fuerza de la que razonablemente sea necesaria según las circunstancias”.
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El documento también establece que la Fuerza Pública deberá actuar con debida planeación, priorizando medidas preventivas y contemplando contingencias para evitar el uso desproporcionado de la fuerza en situaciones extraordinarias.
Además, se enfatiza la importancia de la planificación en las actividades diarias de la Policía, así como la necesidad de priorizar mecanismos alternativos antes de recurrir al uso de la fuerza.
Finalmente, el decreto resalta que debe existir una comunicación fluida durante el despliegue del servicio de la Fuerza Pública, lo que permitirá tomar decisiones adecuadas en situaciones de crisis y garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas.