El Ministerio de Defensa y el Banco Agrario de Colombia han firmado una alianza estratégica destinada a fortalecer el respaldo financiero para los integrantes del Sector Defensa y la fuerza pública del país, con el fin de mejorar su calidad de vida a través de proyectos productivos y de vivienda.
La iniciativa, que abarca a uniformados activos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, sus familias, veteranos, personal civil del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), así como a reservistas de primera clase, busca facilitar el acceso a recursos y financiamiento en condiciones favorables. Esta acción se lleva a cabo en un contexto en el que el apoyo a la fuerza pública es considerado vital para su bienestar.
Durante un evento en el Cantón Militar Caldas de Bogotá, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, destacó la relevancia de esta alianza al afirmar que representa “un reconocimiento al sacrificio real que hacen los miembros de la Fuerza Pública”. Esta declaración resalta la necesidad de mejorar las condiciones de vida de quienes sirven al país.
El acuerdo incluye un programa de Educación Económica y Financiera, que ofrecerá capacitaciones gratuitas en temas como ahorro, inversión, manejo de presupuesto personal y familiar, aseguramiento financiero y ciberseguridad bancaria. Este componente educativo es parte de un esfuerzo por empoderar a los miembros de la fuerza pública con las herramientas necesarias para una gestión financiera eficaz.
Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario, afirmó que la entidad brindará un acompañamiento integral a través de productos como líneas de crédito hipotecario, de libranza, compra de cartera y microfinanzas, con condiciones preferenciales. “Vamos a brindar un acompañamiento integral a estos valientes servidores de la Patria”, subrayó Chica, asegurando que los beneficios estarán disponibles a nivel nacional.
El Banco Agrario también se compromete a facilitar el acceso a créditos e inversiones con un enfoque inclusivo, dirigido tanto a quienes prestan servicio en zonas urbanas como a aquellos que lo hacen en áreas rurales, donde los servicios financieros suelen ser limitados.