Fue asesinado Jimmy Alejandro Rosero Chávez, quien se desempeñaba como personero del municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño. La Defensoría del Pueblo expresó su consternación por el hecho y rechazó "cualquier acto violento que atente o ponga en riesgo la vida de los personeros y personeras del país" e insistió en la importancia de su labor en la defensa de los derechos humanos en los territorios.
Indepaz informó que Rosero Chávez estaba reunido con habitantes de la comunidad, funcionarios de la ESE del municipio y el enlace de víctimas de la vereda Piedras. Al lugar donde estaban reunidos llegaron varios sujetos y se lo llevaron en un vehículo y horas después fue hallado muerto en el sector Puente Rojo.
Jimmy Alejandro es el líder número 154 asesinado en lo transcurrido del año 2024.
"Sentimos como nuestra la pérdida del personero", manifestó en un comunicado la Defensoría, entidad desde donde informaron que se activaron todas las rutas institucionales de protección y acompañamiento, en coordinación con las autoridades competentes, para brindar apoyo a quienes se encuentran en riesgo.
Desde el pasado 6 de julio de 2023, la Defensoría había emitido alertas tempranas en las que advertía sobre los peligros que enfrentan los funcionarios públicos en la región. En la alerta de inminencia No. 027-23, así como en la reciente No. 008-24 del 26 de octubre de 2024, la Defensoría advertía sobre las amenazas y presiones que padecen los representantes de derechos en Nariño. "Hacemos un llamado al Ministerio del Interior para redoblar esfuerzos y atender nuestras recomendaciones", señaló la entidad.
La Defensoría pidió al Ministerio del Interior que preste atención a estas advertencias, insistiendo en que las alertas están diseñadas precisamente para evitar que hechos lamentables como el de Rosero Chávez se repitan. La Defensoría subrayó la urgencia de implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de quienes ejercen funciones en defensa de la ciudadanía.
La Procuraduría General de la Nación también se sumó a las voces de rechazo por el crimen.
La Fiscalía General de la Nación también fue exhortada por la Defensoría para que asuma de inmediato la investigación del caso. En su solicitud, el organismo expresó su deseo de que los responsables del asesinato "sean sancionados" y que la investigación avance con la mayor celeridad posible para identificar a los autores del crimen.
La Defensoría del Pueblo se pronunció además sobre el contexto de violencia en la región, reiterando que los personeros cumplen un rol fundamental en la protección de derechos y en el mantenimiento de la seguridad en los territorios.
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