Se ha dicho en algunos medios que, dentro del salvamento de voto de cuatro de los magistrados que se apartaron de la decisión mayoritaria de 5 (sobre la tutela de Uribe), no se duda en calificar la posición de esa mayoría como una decisión más enmarcada en intereses políticos que en la debida aplicación de las normas jurídicas y de lo que consagra el Derecho.
Por Víctor G. Ricardo
En Colombia vienen sucediendo hechos cuya verdadera dimensión, con el cruce de las innumerables noticias que se han presentado, la ciudadanía no alcanza a visualizar y que son de la mayor gravedad tanto para la vida institucional del país como para el futuro próximo de nuestra democracia.
En esta oportunidad quisiera referirme a dos aspectos centrales de nuestra institucionalidad: (i) la necesaria reforma al Congreso; y (ii) la reforma a la Justicia. Estas no han logrado materializarse por intereses de distinta índole que terminan afectando el necesario balance y equilibrio institucional.
Comienzo por lo que atañe a la reforma al Congreso. Llama la atención cómo en esta corporación se le ha venido dando muerte a proyectos que el país esperaba, acudiendo a la llamaba ‘engavetada’ de iniciativas; y también es recurrente la práctica de incorporar los llamados ‘micos’ en proyectos que regulan materias específicas. Me refiero a artículos especiales, de beneficios esperados por algunos promotores, que no tienen qué ver con el objeto de regulación, pero que ante la sorpresa de todos terminan convirtiéndose en leyes de la República.
Un ejemplo que combina ‘engavetadas’, ‘micos’ y todo tipo de intereses personales es el trámite de la norma que pretende regular en mejor forma y con mayor eficiencia el trabajo de los congresistas y que se busca embolatar con el propósito de no dejar perder beneficios personales, como por ejemplo las exageradas vacaciones de nuestros congresistas. Urge, sin lugar a duda, una reforma estructural y seria a nuestro Congreso antes que seguir creando curules con las mismas anomalías.
Y si vamos a la rama judicial, el panorama no es para nada mejor. Recientemente, nos encontramos, por ejemplo, con decisiones que se están tomando por la sala plena de la Corte Constitucional, donde se ha conocido, por filtraciones a los medios, que algunos magistrados consideran que se están basando en decisiones de tipo político y no jurídico.
«Urge, sin lugar a duda, una reforma estructural y seria a nuestro Congreso antes que seguir creando curules con las mismas anomalías».
Me refiero puntualmente al fallo de revisión de la tutela con respecto el proceso que se lleva contra el ciudadano Álvaro Uribe Velez, sobre el cual se ha dicho en algunos medios que, dentro del salvamento de voto de cuatro de los magistrados que se apartaron de la decisión mayoritaria de 5, no se duda en calificar la posición de esa mayoría como una decisión más enmarcada en intereses políticos que en la debida aplicación de las normas jurídicas y de lo que consagra el Derecho.
Con estas apreciaciones de los mismos magistrados sobre las decisiones judiciales de sus colegas, deberíamos no aplazar más la reforma judicial de la que tanto se ha venido hablando, si no queremos que cada día que pase estemos ante situaciones aún más graves y de mayor peligro.
¡Qué importante sería escuchar la opinión de los candidatos presidenciales sobre estos casos! No hay duda de que para la democracia es fundamental que las ramas del poder público se dediquen cada una a su objetivo, con el profesionalismo que estas tareas exigen y cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades, las cuales están clara y plenamente establecidas en la Constitución Política de Colombia.
Llegó la hora de afrontar el debate sobre los grandes temas de la Nación. No podemos dejarlos para más tarde. Si no los afrontamos y asumimos ahora, cuando nos demos cuenta, ya el país se habrá acabado de resquebrajar y será demasiado tarde.