Sí, sí leyó bien: “El sombrero de Llorente”. Hace más de doscientos años, las calles de Santa Fe vieron cómo un florero provocaba una “muñequera” propia de patanes de colegio sin nada mejor que hacer, y en 2024 fue un sombrero. Un sombrero de Carlos Pizarro que el Presidente declaró patrimonio cultural de la nación, encendiendo la mecha en ‘X’ y en los medios de comunicación.
Sin embargo, no es nuevo que el Presidente Petro y su comité de aplausos rindan culto sacramental al M-19 y sus símbolos, cual fanático religioso en redes sociales. Petro nunca ha negado su militancia en el “Eme”, se autodefine y a sus excompañeros como “Oficiales de Bolívar” y, lo más importante, no ha habido una pizca de arrepentimiento u ofrecimiento de disculpas a las víctimas que causó su lucha armada: soberbia y revictimización.
El problema no es ese, ni que las hijas de Pizarro, las congresistas María José y María del Mar Pizarro, crean que él es un símbolo de paz, que sus actuaciones no deben juzgarse a los ojos de hoy o que está por encima moralmente del resto de los mortales. El amor de familia es diferente al prontuario de Pizarro, ni se justifica su asesinato que hoy sigue sin claridad.
El tema real es que Colombia, a pesar de tener avances en la construcción de memoria histórica, procesos de paz, justicia transicional y tener una ley de víctimas, no tiene un relato oficial sobre la historia de la violencia desde su nacimiento como país independiente, precisamente relacionado con el episodio del ‘Florero de Llorente’.
La historia de Colombia parece un grupo de libros descuadernados e inconclusos en los que el malo del cuento cambia según quien lo escriba.
¿Podrá suponerse que el próximo presidente, si perteneció a las FARC, va a declarar patrimonio al poncho de ‘Tirofijo’, o si perteneció a las AUC, va a declarar patrimonio al sombrero camuflado de Carlos Castaño?
¿Se podrá suponer entonces que la ‘Toma de Mitú’ o del Palacio de Justicia no fueron terrorismo, sino cercos humanitarios? ¿De verdad el robo de la ‘Espada de Bolívar’ fue una “recuperación”? ¿La ‘Masacre del Salado’ es justificable e iba dirigida contra grupos guerrilleros? ¿O los falsos positivos son un invento de la prensa y la izquierda?
Una bala mata igual, sin importar quién la dispare, y una “revolución” o “antiinsurgencia” no pueden ser lavaderos de muertos. Según la Comisión de la Verdad, desde 1985 van casi medio millón de muertos; de estos, el 27% corresponden a grupos guerrilleros y el 45% a paramilitares.
La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, establece que el Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, no que el Gobierno haga homenajes ni eleve la figura de victimario alguno.
Colombia no puede caer en lo que viene ocurriendo en España, que mientras se censuran los símbolos del régimen del franquismo, se premien y se acepten las atrocidades de ETA o del ‘Terror Rojo’ de la ‘Segunda República’, y se otorgue amnistía a los separatistas catalanes por fines electorales.
Ni héroes, ni patrimonio.