¿Qué están consumiendo los colombianos? El 1 de noviembre de 2023 entró en vigor la Ley de Comida Chatarra, que impuso sellos de “Alto en azúcares”, “Alto en sodio”, “Alto en calorías” y varios más a cientos de productos ultraprocesados en Colombia. Esta medida fue acompañada de un mensaje del presidente Petro, quien afirmó que no se trataba de recaudar su dinero, el dinero del constituyente primario, sino que el pueblo elija alimentos saludables.
Propongo un proyecto de ley para que en los trinos, videos y publicaciones de ‘Wally Opina’, ‘Don Izquierdo’, ‘Lali Smiles’ y demás influenciadores petristas, que beben de las fuentes neoliberales del erario, incluyan un sello de “Activismo alto en presupuestos saturados” o, al menos, “Publicidad Política Pagada”, para que usted pueda escoger entre fuentes de alimentación informativa saludables o sin mermelada del Cambio.
Según un reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el gobierno de Gustavo Petro, a poco más de dos años en el poder, ha destinado más de 662 millones de pesos para pagar a influencers, activistas y generadores de contenido, con el objetivo de reforzar su estrategia comunicacional. Y no conformes con esto, Gustavo Bolívar anunció en X que se buscan aún más, para desmentir calumnias de la oposición (como la fiabilidad del sistema electoral venezolano), hacer pedagogía frente a las tergiversaciones de la prensa, comunicar los “logros” del Gobierno e informar sobre sus convocatorias.
La FLIP lo deja claro: hay una “tendencia creciente” en el gasto gubernamental en redes sociales, influencers y campañas digitales. La Presidencia ha aumentado su equipo de comunicación de 54 a 65 funcionarios, mientras que los contratos millonarios con los “activistas” mencionados, como funcionarios públicos o contratistas del Gobierno, se dedican a atacar a la oposición, a la prensa y a todo aquel que no tenga buqué petrista.
Por citar a algunos mencionados por la FLIP: Walter Alfonso Rodríguez, conocido como ‘Wally Opina’, quien recibió $45.600.000 para la realización de contenidos jurídicos para RTVC; María Niny Echeverry, $24.333.333 de RTVC para apoyo periodístico y generación de contenidos y otro por $83.400.000 del DPS para asesoría en derecho a la Dirección de Inclusión Productiva; Jader David Rozo, conocido como ‘Don Izquierdo’, $35.550.000 para apoyo en periodismo digital, entre otros.
Es legítimo que el Gobierno quiera conectar con los ciudadanos, especialmente en una era donde el contenido digital manda, y el influencer marketing es una herramienta muy utilizada en todo el mundo para ese fin. Se trata de personas con fuerte presencia y credibilidad en plataformas digitales, que ayudan a aumentar la visibilidad y fidelizar a quienes consumen sus contenidos.
No obstante, el rol del servidor público que cumple una función determinada para que el Gobierno y el Estado cumplan con la Constitución Política de 1991, se está desdibujando entre el desprecio por la institucionalidad, la línea ética que se corrió hace tiempo y la falta de competencias manifiestas para el cumplimiento de los cargos en que muchos de estos personajes han sido posesionados.
El cumplimiento de la Sentencia T-722 de 2003 de la Corte Constitucional sobre la publicidad oficial parece estar cerca de un coma diabético: “un recurso de uso frecuente por las entidades públicas para el impulso de políticas, el fomento de valores, la información del ciudadano sobre sus derechos y obligaciones, e inclusive para el ofrecimiento de servicios inherentes al ejercicio de sus funciones, entre otros fines”.
A eso súmele el dilema ético de aumentar la pauta en publicidad y autobombo del presidente en un contexto de reducción del presupuesto general de la nación en unos 20 billones de pesos, debido al paupérrimo recaudo tributario de este año (que, como sabemos, recortará el 69 % del presupuesto en deporte) y al tímido crecimiento proyectado de la economía para 2024, que podría ser de solo 1,8 %.
Ojalá algún congresista le apueste al proyecto de ley por un activismo libre en presupuestos saturados, para que después de 2026 independientemente de quién sea el próximo gobernante, se evite que RTVC se convierta en un nuevo Telesur y que sus programas de “opinión”, no se conviertan en otro Con el mazo dando.