Una de las principales preocupaciones de los colombianos es la realidad fiscal del país. Colombia afronta una coyuntura macroeconómica difícil, con alta incertidumbre e importantes retos de gobernanza. Por lo anterior, uno de los ejes estratégicos de mi plan de Gobierno consiste en reformar el Estado, para aumentar su eficiencia y reducir los gastos innecesarios, al tiempo que se promueve la estabilidad fiscal, el crecimiento económico, el fortalecimiento del sector privado y la creación de empleo formal.
La estrategia se basa en un ajuste fiscal expansivo, en el que el crecimiento económico se logre en un marco de menor —pero más eficiente— gasto público y una decidida reducción de impuestos, que incluye un IVA generalizado del 10 %; una disminución del impuesto de renta de personas naturales y jurídicas y un ajuste de cerca del 40 % en los precios de los combustibles. Aliviáremos el bolsillo de los colombianos para que haya más consumo y más empresa. Nuestra visión se basa en tres medidas concretas.
La primera consiste en reducir el tamaño del Estado, pero sin sacrificar su eficiencia ni la calidad de los servicios que este presta. Lograr un Estado más pequeño requiere, entre otros, eliminar la infraestructura ociosa; reducir la burocracia y el exceso de trámites; evitar a toda costa la captura política y optimizar los gastos al interior de cada organización.
Nuestro gabinete será el primero en dar ejemplo. Colombia actualmente cuenta con muchos Ministerios y entidades adscritas que, incluso, pueden generar duplicidades de funciones. Nuestra propuesta consiste en reducir el número de Ministerios a la mitad, integrando funciones y temáticas, mientras se logran economías de escala y se optimizan gastos administrativos. Lo anterior genera, además, una mejor articulación y coordinación entre las instancias de decisión.
Se proponen ocho ministerios. El primero integra agricultura, industria, comercio, turismo, ambiente y minas. El segundo, de Obras Públicas, consolida las carteras de transporte, vivienda y TIC. El Ministerio de Educación podría absorber las funciones de ciencia y tecnología y deporte. Por su parte, la cartera de Protección Social consolidaría trabajo, salud, igualdad y prosperidad social, mientras que los Ministerios de Interior y Justicia podrían convertirse en una única entidad. Por supuesto, los Ministerios de Defensa, Hacienda y Cancillería deben mantenerse, pero optimizar su gasto.
Una segunda medida consiste en reducir, cuando sea posible, la presencia del Estado en aquellas empresas en las que el mismo no tiene un rol protagónico. Incluso, si no existen fallas de mercado que demanden la participación del Estado, se deben privatizar empresas.
Finalmente, realizar una revisión exhaustiva de los subsidios existentes es una tercera medida a implementar. En Colombia, algunas ayudas estatales se pueden mejorar en términos de diseño, focalización o alcance. En muchos casos, aunque el objetivo perseguido es loable, los subsidios generan incentivos inadecuados, están mal focalizados o no logran el propósito para el que fueron diseñados.
Los subsidios deben llegar a quienes más lo necesitan, creando las condiciones para que las personas puedan superar su vulnerabilidad y progresar, sin generar una malsana dependencia ni crear incentivos para que las personas se mantengan en la informalidad o pobreza para seguir recibiendo las ayudas. Así, la mejor política social es la creación de empleo digno, con un Estado que apoye al empresariado e incentive la inversión, mejorando así la calidad de vida de los colombianos.
La realidad fiscal del país demanda, hoy más que nunca, medidas audaces, creativas y bien pensadas que, sin desatender las sentidas necesidades de la sociedad y propendiendo por un crecimiento económico sostenido, le permitan al Estado operar de una manera responsable, eficiente y acorde a los retos del país.