La transición energética es la fórmula del futuro para Colombia. No solo destacaría al país como líder en la producción y uso de biocombustibles, especialmente SAF, (el bio-combustible para la aviación), sino que también lo llevaría a la vanguardia del hidrógeno verde y la producción del biocombustible para la flota marítima.
Este enunciado no es sólo producto de una aspiración ambiental, sino de una realidad material y una oportunidad extraordinaria para Colombia para aprovechar un mercado que se abre ante la urgente necesidad de contribuir a la disminución de emisiones.
Colombia posee la tierra para sembrar palma africana y caña de azúcar para producir parte del SAF (Combustible Sostenible para Aviación ) y del Hidrógeno verde que hoy demanda el mercado. La necesidad del mercado mundial en aviación será aproximadamente de 555 billones de litros de SAF en el 2.050.
De igual forma, Colombia debería reemplazar con etanol el 50% de la gasolina que hoy se importa. Con ello no solo fortaleceríamos la demanda interna de biocombustibles, sino que ahorramos dólares, divisas, que requerimos para el pago de la deuda externa y la importación de activos productivos.
Además, si sembramos tres millones de hectáreas de palma produciríamos 13.743 millones de litros de SAF al año, y si sembramos dos millones de hectáreas de caña de azúcar podríamos generar aproximadamente 7.200 millones de litros de SAF al año. ¡Cerca de 20.943 millones de litros de Combustible Sostenible para Aviación!
Gracias a desarrollos como estos en el país, generaríamos entonces más de 700 mil empleos formales e impactaríamos directamente cerca de tres millones de personas, considerando familias de padre, madre y dos hijos e indirectamente. Esta dinámica económica además redundaría en dos millones de empleos más, beneficiando a cerca de ocho millones de personas. Toda una revolución económica y social, con un mercado asegurado.
Todos estos serían resultados positivos derivados de este proceso económico agroindustrial, en el cual perfectamente podría abrirse un espacio para los campesinos que desean participar en un programa efectivo de sustitución de cultivos ilícitos. La pobreza extrema en el campo sería derrotada y la seguridad social y el bienestar económico, estable y sostenible emergerían con seguridad.
La inversión nacional y extranjera de grandes, medianos y pequeños inversionistas, de manera directa y también través de esquemas como el crowdfunding, encontrarían en este negocio un mercado con ingresos asegurados. Este sería uno de los tantos espacios económicos donde se estimularía el desarrollo de un país de propietarios a todos los niveles, incluidos los mismos campesinos. Al respecto, Malasia desarrolló un esquema a través de la Autoridad Federal para el Desarrollo Territorial (FELDA por su nombre en inglés), digno de ser replicado y establecido.
Para llegar a los resultados mencionados, que beneficiarían a tantos colombianos y al medio ambiente, además de capital, se requiere tierra y esa la tenemos. Solo en la Orinoquía hay 14 millones de hectáreas calificadas, por parte de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), como habilitadas para la producción agrícola. Este proyecto dinamizaría la inversión en infraestructura en una región del país donde no existe y contribuiría de forma sustancial al logro de la seguridad en la ruralidad colombiana.
Por supuesto esta inversión, debería responder a toda una política de Estado que se requiere para lograr este propósito.
Por ello, para alcanzar niveles de desarrollo de acuerdo a su potencial, Colombia necesita una dirección gerencial que entienda los desafíos y oportunidades de una nueva economía dinamizada por la inteligencia artificial y que gestione ambientes de desarrollo sostenibles.
Es claro que nuestro país tiene la obligación social y económica de aprovechar sus recursos naturales de manera sostenible y explotarlos en busca de un equilibrio macroeconómico.