“Sea que gane una u otra opción, el próximo 19 de junio, las estructuras del Estado y de la sociedad colombiana van a transitar hacia esas nuevas formas de organización y gestión política y social”.
POR: Pedro Medellín
Director Revista Alternativa
Colombia está ante un gran desafío político de grandes proporciones. Con la votación del domingo pasado, el país dio el primer paso hacia la definición del camino de desarrollo que seguirá para las próximas décadas. Con los resultados, a primera vista se puede observar que los colombianos se están debatiendo entre continuar con un proyecto de país que privilegia la iniciativa privada como motor del desarrollo económico y social del país, o virar hacía un modelo que le asigna al Estado (que es la forma que asume la iniciativa pública) ese papel protagónico para el desarrollo.
Es decir, la disyuntiva entre un proyecto de izquierda y uno de derecha. Pero la definición de proyecto va mucho más allá. Ya no se queda solamente en optar por un modelo en el que la economía tiene el papel principal en la economía y en los impactos que pueda generar sobre la sociedad, y uno en que es el Estado el que decide el rumbo que debe seguir la sociedad.
El mundo ha cambiado mucho. En poco menos de treinta años, Colombia es un país que está entrando en la era de las tecnologías de la información y la comunicación; en la dinámica del emprendimiento económico y el desarrollo productivo; y progresivamente avanza hacia la inclusión y la diversidad social. La decisión frente a la que se encuentran los votantes es la definición de un modelo que cubre todo el espectro de las relaciones políticas, la dinámica económica y el desarrollo social que rigen las acciones y decisiones del Estado y de la sociedad.
El primer y más definitivo cambio se está jugando en el terreno político. Por una parte, se está presentando un proyecto (que en el pasado llamaríamos de derecha) que propone un modelo de país regido por un orden de derechos individuales en el que la primacía de las acciones y decisiones institucionales están basadas en el respeto absoluto a la libertad de escogencia que tienen los individuos entre lo que quieren y lo que no quieren para su vida. Esa primacía es la que abre el espacio para que sean las organizaciones más locales, más cercanas y que mejor representan los intereses reales de los individuos (cualquiera que sea su género, raza o religión), las que impulsan el desarrollo político y social de los individuos.
Propician los espacios de encuentro, deliberación y decisión a través de los cuales envían las señales para que el Estado sea el que asigne los recursos o el que los reorienta para que sean las propias organizaciones políticas locales las que los asignen de acuerdo a su particular dinámica política y social en seguridad, servicios sociales o recreación.
Por otra parte, se está promoviendo un proyecto (que en el pasado llamaríamos de izquierda) que propone un modelo en el que son los deberes colectivos los que rigen las acciones del Estado y en donde lo que prima es la defensa del interés público (el interés del colectivo) como el principio fundamental para la asignación de los recursos públicos. Lo que se decide es lo que más favorece y beneficia a todos. Y su margen decisional está restringido por ese criterio de beneficio colectivo. En este sentido son las organizaciones que mejor y más efectivamente representan los intereses de todos (es decir, de todos los que conforman una comunidad local, regional o nacional) las que se convierten en el mecanismo de movilización y expresión de los ciudadanos. Bajo la forma de organizaciones muy de la forma de partidos políticos, estrechamente conectada con las organizaciones y las entidades del Estado (en lo local, regional y nacional), las que definirán la dinámica de asignación de los recursos políticos y sociales.
No se trata de una transición fácil. Sea que gane una u otra opción, el próximo 19 de junio, las estructuras del Estado y de la sociedad colombiana van a transitar hacia esas nuevas formas de organización y gestión política y social. Se trata de un proceso que va a ser tan complejo como exigente. Ajustar las estructuras del Estado atadas a los principios que regían una visión de la política propia de los finales de siglo XX, ahora se revelan desuetas para el agitado siglo XXI que ahora avanza desbocado.
Cualquiera de las dos opciones que llegue a la Presidencia debe tener un liderazgo firme y unas ideas claras para conducir las reformas que se necesitan y para abrir los nuevos espacios en donde la sociedad se pueda mover, expresar y reproducir con el mínimo nivel de tensiones y conflictos posible. Los espacios propios de la política del siglo XXI.