“¿A qué está jugando el señor ministro? ¿A propiciar una guerrita entre colombianos? ¿No se ha dado cuenta que, por declaraciones como las suyas, se han producido masivas tomas de tierras en todo el país?”
PEDRO MEDELLÍN TORRES
Director Revista Alternativa
Era lo que faltaba. Que en distintos escenarios saliera el ministro del Interior de Colombia a afirmar que, en Colombia, la propiedad privada es un derecho relativo frente a otros derechos. Que entonces tiene sus limitaciones y límites y que, por tanto, una escritura no garantiza completamente el derecho a la propiedad.
¿A qué está jugando el señor ministro? ¿A propiciar una guerrita entre colombianos? ¿No se ha dado cuenta que, por declaraciones como las suyas, se han producido masivas tomas de tierras en todo el país? ¿No ha entendido que 18 departamentos y cerca de 100 municipios están ante el riesgo de una grave confrontación social por cuenta de la “ocupación” de miles de hectáreas de tierra que de manera ilegal se han ido produciendo desde la llegada a la presidencia de Gustavo Petro? ¿No se ha enterado de que en varias zonas del país las tomas de tierras han dejado graves enfrentamientos que reportan los primeros heridos?
Y si hay muertos usted ministro Prada, será uno de los responsables de que eso haya ocurrido. Porque, seamos claros ministro, así como usted tiene responsabilidades fiscales en el ejercicio de su cargo, también tiene responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales sobre las conductas que sus acciones y omisiones puedan causar en los ciudadanos del país, las regiones y sus municipalidades.
No sigan con ese cuentico de que una reforma agraria que solo le entrega tierras a los campesinos va a resolver las eternas desigualdades que arrastra la propiedad de la tierra en el país. Las ofertas que irresponsablemente se hicieron en el calor de la campaña presidencial, llevó a que la gente no solo creyera que ahí estaba el principal problema del país, sino a que asumiera que las promesas de candidato, ahora electo presidente, le permitían (para “ir ganando tiempo”) tomar por sus propias manos las acciones tendientes a que el entonces le había ofrecido hacer. El país cumple ya cinco semanas de ver como las alertas están encendidas y sonando, y el gobierno no parece capaz de resolver la situación, hace un par de semanas, ni siquiera da visos de reaccionar más allá de que el ministro de defensa tembloroso pueda balbucear que “tienen 48 horas para salir de los territorios que ilegalmente han ocupado”.
Ya vio cómo su colega de gabinete en el gobierno Santos, el ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras alertó sobre la gravedad del problema que ustedes estaban produciendo. Puso sobre la mesa problemas como la toma en las cercanías de Neiva, más de 700 familias se toman terrenos en la vereda del Guásimo; lo mismo ocurría con cerca de 1.000 familias que se habían tomado un plan de 800 viviendas que serían para desplazados en Valledupar o con las 1.300 personas que ocuparon los predios del Instituto Técnico Agrícola de Lorica, en Córdoba, aduciendo la necesidad de tierras. En La Jagua, Copey, La Gloria, Tamalameque, Astrea, San Martín, Chimichagua y Patillal en el Cesar, ha ocurrido lo mismo.
En sus denuncias sobre la gravedad del problema, el panorama que ofreció en los departamentos del Atlántico, Magdalena y, sobre todo en el Cauca, donde 71 predios en extensión superior a las 5.000 hectáreas, lo que ya ha ocasionado pérdidas por más de 40.000 millones de pesos”. En Corinto, invasores encapuchados argumentan que las poblaciones han crecido pero la tierra no, y se enfrentan a trabajadores cañeros que intentan defender sus puestos de trabajo, dejó ver una situación que es todavía más grave.
Frente al problema, el gobierno trató de reaccionar rápidamente. Puso a la vicepresidenta, Francia Márquez, y a los ministros de Interior, Agricultura y Defensa a que enfrentaran el problema. “No aceptamos y rechazamos, y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”, dijo en tono vehemente la vicepresidenta. Un tembloroso ministro de Defensa, dio un plazo de 48 horas para que los ocupantes abandonaran los predios. Acto seguido anunció que si no cumplían con ese término, la Policía entraría a recuperar los terrenos para sus verdaderos dueños. Por supuesto, el plazo no se cumplió. Los ocupantes no abandonaron los predios y el gobierno tuvo que tragarse las burlas de la gente que se resistió a cumplir con la orden presidencial.
Por supuesto, el problema ya alcanzó dimensiones insospechadas. La titularidad de miles de hectáreas está seriamente comprometida por las ocupaciones. Ya no es un problema de injusticia con las poblaciones más pobres del país. Ni tampoco un problema de sostener las garantías constitucionales que fundamentan la vigencia del Estado de derecho.
El problema es el riesgo de enfrentamientos armados que amenaza en las distintas zonas del país, si las ocupaciones se siguen produciendo. Es evidente que si el Estado no va a garantizar los derechos de los ciudadanos, en particular los derechos a la propiedad, los propios ciudadanos van a buscar como defenderse. Esa canción ya la escuchamos aquí y en muchos otros países, y los resultados han sido sorprendentes. Con un final que nadie creía que iba a pasar, pero pasó. Como usted dice, la propiedad no es un derecho grabado en piedra. Pero para la gente que la ha trabajado, que durante décadas la ha ido moldeando con sus manos, sí. No lo olvide ministro. El fuego no se apaga con gasolina. No sea usted el primero en echar el primer galón, sobre todo ahora que está tan cara para todos.